Costa Rica abre las puertas a la militarización

La solicitud se hizo en el marco de la ley 7929 de 1999, que es un acuerdo de la cooperación para suprimir el tráfico

El pasado primero de julio, la Asamblea Legislativa aprobó, de manera apresurada y sin más debate que la protesta de unos cuantos diputados opositores, una solicitud del gobierno de los Estados Unidos para el ingreso de hasta 46 buques de guerra capaces de transportar cientos de aeronaves de combate y miles de soldados.

La solicitud se hizo en el marco de la ley 7929 de 1999, que es un acuerdo de la cooperación para suprimir el tráfico ilícito entre ambos países.

Esta aprobación es, ni más ni menos, el final de más de 60 años de tradición pacifista y antimilitarista de nuestro país. Los días en que los costarricenses nos jactábamos de que por nuestras calles nunca veíamos soldados se acabaron, y lo que es peor, estos soldados serán extranjeros. La posición líder de nuestro país en el nivel internacional en el campo de la lucha por el desarme de las naciones se debilita y nuestra credibilidad se reduce al permitir la presencia de semejante fuerza militar en nuestro territorio.

Una vez más la estrategia del miedo surte efecto; se bombardea a la población con noticias e información que crean un clima de terror para que esté dispuesta a ceder ideales y libertades. Con la excusa de la lucha antidrogas se autoriza hoy la entrada de una flota que más parece de invasión que de patrullaje conjunto. ¡Bien harían los Estados Unidos en utilizar su flota para vigilar sus propias fronteras y territorios, pues son ellos los principales consumidores de la droga que pasa por aquí!

Quienes defienden esto quieren hacernos creer que las cosas son en blanco y negro, como el actual comisionado antidrogas, Mauricio Boraschi, quien en la supuesta aclaración sobre los alcances de la autorización dijo: “…es preferible que transiten por el país soldados estadounidenses antes que sicarios o traficantes de drogas.” Ni lo uno ni lo otro. Su visión me parece lamentable y simplista, al estilo del discurso del expresidente estadounidense George W. Bush en su justificación para su guerra contra el terrorismo.

No estoy menospreciando el grave problema del narcotráfico, no soy anti-estadounidense, ni tampoco me opongo al acuerdo de patrullaje conjunto, pero no estoy dispuesto a renunciar a mi herencia antimilitarista, que como ciudadano costarricense es de lo que más valoro. La lucha militarizada contra el narcotráfico ya ha probado ser poco efectiva en países con fuerzas armadas propias como Colombia y México, en donde la población civil e inocente, es la que más sufre víctima del fuego cruzado.

Aquí hay mucho por hacer en el ámbito civil y judicial, por ejemplo, combatir con firmeza la corrupción de jueces que liberan a los narcotraficantes capturados, y la implementación de programas de protección de testigos que sean efectivos y propicien la denuncia por parte de la población.

Preocupan también los términos en los que se da la autorización, pues entre las condiciones que pidió la embajada estadounidense para la entrada de sus tropas están “disfrutar de libertad de movimiento y el derecho de realizar las actividades que considere necesarias en el desempeño de su misión”, además, “…los reclamos de terceros que surjan de las actividades de la operación, deberán ser referidos al supuesto gobierno responsable para que estos sean resueltos según las leyes de dicho gobierno”. Esto es inconstitucional, pues los reclamos de terceros, es decir, de nosotros los ciudadanos costarricenses, deberán presentarse en los Estados Unidos y bajo las leyes de ese país.

Además, los actos ilícitos que cometan estas tropas en nuestro territorio quedarán fuera de nuestra jurisdicción.

Ni siquiera dentro de su propio país, los soldados estadounidenses gozan de tal libertad de acción, y aquí, los diputados liberacionistas, del movimiento libertario, y un mal llamado “cristiano” les dan un cheque en blanco. Algunos de ellos incluso, quisieron justificar su voto diciendo que los soldados vendrían a “ayudar en tareas humanitarias” y a “construir escuelas”. Señores diputados, un helicóptero de ayuda humanitaria no necesita portar misiles capaces de destruir cualquiera de nuestras ciudades, ni para construir escuelas se necesitan ametralladoras.

Insto a todos las ciudadanas y ciudadanos a que no caigamos en la trampa de la estrategia del miedo que hoy usan en nosotros para abrir las puertas a la militarización del país. Hoy es esto, mañana nos van a querer convencer de que es necesario volver a formar el ejército. ¡No lo permitamos!

 

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