El refugio constituye una figura legal y temporal que aplica a toda aquella persona que ha tenido que abandonar su país de origen debido a un temor fundado de persecución por motivos de raza, nacionalidad, opinión política, creencias religiosas o pertenencia a un determinado grupo social y que por la amenaza que se cierne sobre su integridad no puede regresar a su hogar.
En 1950, la comunidad internacional creó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), como una medida para responder a la necesidad de establecimiento de más de un millón de refugiados europeos que perdieron sus hogares a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, el ACNUR ha extendido sus funciones para atender a las poblaciones desplazadas por conflictos alrededor del mundo y concertar con los distintos Estados la facilitación soluciones a estas poblaciones.
A inicios del siglo XXI, el ACNUR había ofrecido ayuda a más de 50 millones de personas alrededor del mundo. A pesar de la enorme responsabilidad de este organismo en la protección de los derechos de las y los refugiados, es tarea última de los gobiernos adoptar marcos normativos y acuerdos políticos que contribuyan a resolver la situación de las poblaciones desarraigadas.
Costa Rica forma parte de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo de 1967 desde hace 31 años. Durante ese periodo Costa Rica ha cumplido como un Estado favorable a la llegada temporal de personas que huyen de conflictos, lo que le ha permitido ubicarse como el segundo país de América Latina con mayor número de refugiados. (Diario El Mundo, 2006).
A pesar de los distintos escollos institucionales que atraviesan los y las solicitantes de refugio en nuestro país, la preocupante principal proviene de la sociedad misma, donde los estereotipos y prejuicios que deben afrontar las personas refugiadas dificultan su proceso de integración. La creciente situación de inseguridad ciudadana y los mitos construidos alrededor de la figura del refugiado lleva a la población en general a homologar a los solicitantes de refugio con criminales, terroristas o traficantes.
La sensibilización de la población costarricense hacia la situación de los refugiados consiste una tarea fundamental para asegurar el pleno disfrute de sus derechos. Las personas refugiadas corren por sus vidas. Debieron abandonar sus hogares, familias, trabajos y estudios para proteger su integridad.
En una sociedad que se jacta ante la comunidad internacional de su trayectoria de defensa y promoción de los derechos humanos, pero que resulta insensible y apática a la realidad y los derechos de los refugiados, cabe preguntarse: ¿qué pasaría si mañana fuéramos nosotros quienes corren por su vida?
Se puede consultar más bibliografía: Diario El Mundo (2006). Costa Rica, el segundo país con más refugiados en América Latina. Recuperado el 10 de noviembre de 2009, de:
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/06/15/solidaridad/1150387506.html
