Crisis democrá-tica

Lo importante es decir un día de todos: -¡Al diablo este vestido polvoriento! y agarrarlo con cólera y rasgarlo y quedarse desnudo en medio

Lo importante es decir un día de todos:
-¡Al diablo este vestido polvoriento!
y agarrarlo con cólera y rasgarlo
y quedarse desnudo en medio viento.

Jorge Debravo

Considerábamos importante analizar política e históricamente una decisión como la abolición del ejército, pero más oportuno aún es entender la significancia de la Segunda República. En primer lugar, porque heredamos un conjunto de instituciones y leyes, muchas de las cuales se establecieron en ese período. En segundo lugar, porque más de 50 años después, la sociedad costarricense precisa de un debate objetivo y sincero sobre el estado de su democracia.

Entre sus definiciones, la democracia efectiva puede ser entendida como un régimen en el que la esfera pública está abierta a la participación de todos. La participación puede referirse tanto a los procedimientos como a los fines del sistema. Lo que nos interesa en este caso es, sin embargo, el propósito que anima su actuar.

Teniendo en cuenta que instituciones y leyes constituyen el cuerpo que da vida al sistema, es de esperar que un régimen, si es realmente democrático, tenga la capacidad de adaptar no solo sus formas, sino sobre todo sus propósitos, a la evolución y nuevos retos de la sociedad. ¿De cuáles retos estamos hablando? Uno que nos interesa particularmente es el de la educación superior.

Según el Estado de la Nación, desde 1975 a la fecha han surgido 52 universidades privadas, que concentran el 51,8% del total de la matrícula (2011) y entregan el 70% de los diplomas (2013). No obstante, todo apunta a que aún hay mucho por hacer en cuanto a vigilancia estatal del desempeño, oferta, y calidad de estos recintos.

Por su parte, en las universidades públicas está demostrada la sobrerrepresentación de estudiantes con los ingresos más altos. No sólo eso, los de menores ingresos, que componen nada menos que el 40% de los hogares costarricenses, representan apenas 18% de la matrícula pública, y apenas 13% en la UCR. La duda resulta evidente: ¿Qué está haciendo el Estado por asegurar, como sí lo hizo otrora, el ascenso social?

Por otro lado, nuestra estructura productiva está cada día más encaminada a los servicios y a la tecnología. Aún así, la estrategia de atracción de inversión extranjera y de formación de recurso humano se muestra insuficiente e ineficiente para adecuar la economía. Tampoco podemos olvidarnos del sector agropecuario, sabiendo que si queremos asegurar nuestra soberanía alimentaria, requeriremos de mayor apoyo estatal en capital y capacitación.

Estas mutaciones, tan solo algunas entre muchas más, nos permiten entender primero que si no las atendemos con seriedad, nuestro futuro se avecina más desigual, inequitativo e incierto que el de hoy. Sobre todo, nos devuelve a la pregunta sobre la evolución de la estructura legal-institucional con respecto a la realidad social. ¿Cuál ha sido la última gran reforma promulgada en Costa Rica? Me temo que necesitaremos de un gran esfuerzo de memoria.

En otras palabras, percibimos una estructura institucional que, pese al tiempo y a los vacíos dejados en el camino, se resiste al cambio. El mismo sistema impone trabas de distintos tipos a toda transformación real, casi en un deseo de perpetuarse a pesar de todo. Por ejemplo, ha dado origen a una segmentación social en organizaciones como gremios, grupos empresariales, sindicatos, consorcios, en contacto directo con el Estado y con acceso a cuotas de poder, o al menos, a capacidad de voz y veto.

Es así como la satisfacción de demandas por parte del Estado obedece hoy más a la mediación y peticiones de estos, que a reivindicaciones populares o de grupos con menor capacidad de presión. Es así, finalmente, cómo la homogeneidad social que nos caracterizó deja su lugar a una estructura y un país cada día más corporativizado.

En la medida que la participación política deje de estar mediada por el Estado y pase a manos de grupos de interés, el régimen se encontrará ante una evidente crisis democrática. El fin, que es la participación, se pierde y el único elemento legitimador pasa a ser el procedimiento –elecciones, mediación, burocracia−. Así las cosas, la buena voluntad de un candidato o partido político no pueden ser suficiente recurso para permitir cambios tan profundos como precisos. En definitiva, la voluntad popular expresada en el voto deja de tener valor real.

Sin desmerecer las virtudes y logros históricos de nuestra República, varias son las señales que muestran su agotamiento. Ojalá las nuevas generaciones puedan advertirlas a tiempo, orgullosos como somos de nuestro pasado, pero con la mira puesta en nuestro futuro.

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