El pasado 8 de abril mostraron una “noticia” que no dejaría de ser curiosa si no fuese por el riesgo que entraña. El Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ¡impartiendo la lección inaugural del curso lectivo del 2011 en la Universidad Nacional Autónoma de León (UNAN-León) en la plaza San Sebastián de esa ciudad!, se dejó decir una serie de rarezas (por no decir otra palabra) que, repito, pasarían como nimios detalles del folclore o la doxa nica si no hubiesen sido emitidas en el citado recinto por tan conspicuo personaje.
Ortega acusó a Costa Rica de fortalecer su “ejército” y, entre otros barruntos (insiste en que el narcotráfico internacional dirige las relaciones exteriores de nuestro país: doña Laura y su gobierno han de responder y aclarar), dijo que Managua podría iniciar un proceso legal para recobrar la provincia de Guanacaste, según él anexada por Costa Rica “tras la guerra contra los filibusteros de William Walker”. Semejante disparate olvida al menos cuatro elementos significativos:
1.Que en 1824-1825 Costa Rica no era República, por tanto la petición del Partido de Nicoya se presentó al Congreso General de Guatemala. (La Constitución de Cádiz consideraba Partido a una división administrativa con cierta autonomía; hoy semejaría, en la perspectiva del derecho administrativo, a un cantón. El Partido de Nicoya era un “cantón” que no pertenecía, al momento de su anexión, a ninguna provincia; respondía, en lo civil y administrativo, a la Capitanía General de Guatemala). En dicho congreso los diputados costarricenses presentaron la petición de Nicoya con documentos y actas firmados por Cupertino Briceño quien era alcalde de Nicoya y proponente de la idea de la anexión.
2.Que Granada también acordó la anexión a Costa Rica: el 16 de agosto de 1823 el Enviado de Costa Rica y la Junta Gubernativa de Granada, dirigida por José Antonio Velasco, suscribieron en esa ciudad el tratado Montealegre-Velasco, primer instrumento internacional de nuestra historia. El convenio constaba de nueve artículos. Lo importante fue lo acordado con respecto a Nicoya, territorio subordinado a Granada y recién ubicado bajo la autoridad de León. El Gobierno granadino se comprometió (Tratado Montealegre-Velasco) a informar a la Asamblea Constituyente de Centro América que Nicoya recibiría mayores ventajas del Gobierno de Costa Rica por su cercanía geográfica. El tratado se aprobó en octubre de 1823 por Granada, Costa Rica lo ratificó el 9 de setiembre del mismo año.
3.Que William Walker fue llamado e investido como “Presidente” por un sector de la misma clase dirigente de Nicaragua.
4.Que luego de los triunfos del Ejército Costarricense en Rivas y en la Vía del Tránsito en 1856-1857, sus tropas se retiraron de Nicaragua sin solicitar ni apropiarse de territorio alguno; los soldados costarricenses regresaron, en 1856, contagiados del cólera, pandemia que aniquiló el 10% de la población nacional.
Obviar esos datos en vez de rebatirlos con nuevos hechos y/o argumentos, como se estila en el debate académico, no sólo es faltar a la verdad histórica sino que, al tergiversar los hechos bélicos de 1856-1857 y de la anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica, se manipula a la opinión pública nicaragüense y se invisibiliza e irrespeta la participación del pueblo costarricense en la defensa de la soberanía centroamericana. Ello se acentúa si se realiza en un recinto universitario donde se supone que la investigación y el conocimiento se esmeran por el resguardo de la objetividad.
La pregunta es la siguiente: ¿Por qué en un país que cuenta con excelentes académicos en varias disciplinas científicas y humanísticas se dispensa la participación de un señor que no posee título universitario alguno ni ha destacado como intelectual o científico? ¿Acaso la Universidad fue presionada para hacer la invitación realidad? ¿Y la autonomía universitaria?
Al advertir estas acciones pedestres y de mal gusto, así como los gestos de la cúpula exsandinista en el poder (es mejor decir la familia Ortega-Murillo) se recrea un hondo malestar por la suerte del hermano pueblo nicaragüense. Aparte de la “crisis fronteriza” que, a todas luces, ha sido provocada para encubrir las atrocidades legales que se cometen allí ante la reelección de Ortega, no deja de ser alarmante que esas prácticas, tan dañinas para la frágil democracia de ese país, irrumpan en el claustro universitario.
Se supone que la Universidad, en especial la nicaragüense, específicamente la de León, con su trayectoria académica y de lucha por la autonomía y por las libertades públicas, debe honrar en todo momento su independencia ante los avatares político/partidarios para no ser utilizada por intereses espurios como los de Ortega. Lo peor: que las autoridades universitarias y el movimiento estudiantil sean cooptadas por prácticas y designios extrauniversitarios. ¿Qué pensarían, o pensarán, académicos de la talla de Mariano Gil Fiallos o de Carlos Tünnermann Bernheim, exrectores y defensores a ultranza de la autonomía de dicha universidad?
El grotesco espectáculo ofrecido por Ortega, más allá de un litigio fronterizo que, por fortuna, no motiva ni al pueblo nica ni al tico -hermanados históricamente a pesar de torcidos intereses en sus castas gobernantes-, es una muestra más del despotismo y nepotismo que se ciernen sobre un país que merece un mejor destino y una oportunidad en cuanto a la ampliación de espacios democráticas y de su recomposición económica/social.
