El periódico La Nación S.A. publicó en sección exclusiva un desafío que tituló “Crisis en la CCSS: diagnósticos y soluciones” (LN: 24/07/2011).
Escriben allí cuatro personalidades que el periódico considera “especialistas”.
No lo son, excepto quizás la exMinistra de Salud y médica María del Rocío Sáenz. Los otros concurrentes son un empresario y político, Román Macaya Hayes; un economista y profesor universitario, Ronulfo González, y Shirley Saborío Marchena, presidenta de la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado.
Tal vez duchos en sus asuntos propios, pero ello, no los inhabilita para opinar sobre el asunto.Como ninguno de los articulistas lo menciona (o resalta), conviene enfatizar que la crisis actual de la CCSS se inscribe en una cuestión política más básica: la decisión estatal acerca de si con la salud es factible hacer negocio privado o no lo es.
Es decir, si el orden legal permitirá a actores privados lucrar con la salud (vida buena e integrada) de los ciudadanos costarricenses y de quienes se asientan en su territorio.
Si se resuelve que la salud de su población es responsabilidad nuclear del Estado, la respuesta estratégica es: no se permitirá que la salud de la población sea utilizada para lucrar.
La salud no es ni debe ser un negocio privado en Costa Rica.
Hecha la decisión estatal, como en toda opción política, se deberá discutir y decidir la instrumentación y sus mediaciones.
Por ejemplo, dentro de la decisión, ¿cabe algún tipo de ejercicio o comunitario o privado de la medicina, es decir, no directamente estatal? ¿Cuál será la función o funciones de este tipo de medicina? ¿‘Subsidiaria’, como decían los democristianos cuando todavía existían? En ese caso tendería a ser temporal, aunque podría gozar de autonomía.
En un ejemplo, no podría existir la actual Clínica Bíblica, excepto que se rigiera por la norma estatal y se subordinara institucionalmente a ella.
Por ello, no podría hacer “clavos de oro” con la salud de los clientes opulentos ni con la de quienes se endeudan para asistir a sus familias, sin que se diga aquí que ahora hace esos clavos. A largo plazo, no habría clínicas bíblicas ni hospitales cimas. No serían negocio.
En cambio podría darse una transparencia total hacia la ciudadanía respecto de la gestión del sistema social de salud y, descentralización mediante, una participación de la ciudadanía organizada en el sistema (son los usuarios y también quienes la financian; o sea, los más atentos a su rendimiento óptimo). Por supuesto, coexistirían con especialistas y técnicos que, a la vez, son ciudadanos.
Quienes no deberían tener cabida en la dirección del sistema de salud social, excepto como ciudadanos, contribuyentes y usuarios, son los “politiqueros”, en el lenguaje de la Dra. Sáenz, porque no es de su competencia administrar un bien estratégico: la salud de la población.
Ellos tiene su propia arena: la Asamblea Legislativa y muchos más espacios. La CCSS gozaría de autonomía ciudadana dentro del sistema mayor y básico del Estado y su Ministerio de Salud.
Una institución así exigiría una transformación de la sensibilidad política costarricense.
Todos deberían sentirse y saberse ciudadanos, al menos en el área de salud, y hacerse responsables de ello. Ni la lógica institucional básica descrita ni tampoco esta cultura son hoy datos de Costa Rica.
Tal vez nunca lo han sido. Quizás la Caja surgió más como un derivado de la caridad cristiano-católica (con ambiguo vigor político) que como compromiso político-ciudadano de salud para todos. Tal vez este sea uno de los referentes que expliquen la diversidad de rasgos de la crisis que amenaza completar su destrucción.
De los escritos editados por La Nación S.A. solo el de R. Jiménez no dedica algún ‘filazo’ a los trabajadores de la Caja y sus sindicatos.
Es asunto complejo del que también se omite un aspecto. Los sindicatos del sector público, únicos no extintos en el país, no han asumido la tesis (ardua de concretar) de que su fuerza pasa por su consistencia interna y una alianza estratégica con los usuarios. Ambos puntos se afirman en la calidad social, técnica y humana de la institución pública y en la capacidad que sus usuarios y trabajadores se den para entregarle un carácter social y ciudadano a sus lógicas de funcionamiento.
Verlo así implica, asimismo, un desafío socio-cultural.
Estas ausencias esconden el núcleo del que se desprende la crisis de la CCSS. ¿Seguirá el Estado costarricense atrapado en la lógica de la lucha de clases, con unilateral dominio desde arriba, señorial y clerical, o se convertirá, con dolores e ilusiones de parto, en al menos un Estado ciudadano?
Si es lo primero, adiós Caja.
