La normativa existente en la Universidad de Costa Rica sobre el tema salarial va de la mano con el tipo de actividad que realiza la Institución y es congruente con la calidad del producto intelectual, científico, social y cultural, que ha generado a lo largo su trayectoria histórica.
En términos generales puede resumirse en dos aspectos centrales: a) la Universidad de Costa Rica procura que los salarios sean altamente competitivos, y b) los salarios deben constituir estímulos para la eficiencia y la dedicación comprometida del personal. Esta normativa se sustenta en el principio de excelencia que ha caracterizado a la Institución.En un sentido contrario, en los últimos meses se ha discutido el tema salarial en varias instancias de la Universidad y algunas autoridades han empezado a señalar la necesidad de una política de contención salarial y se ha enfatizado, con los respectivos matices semánticos negativos, que hay un crecimiento vegetativo, que los pluses salariales son demasiados e incluso que a muchos y muchas se les paga por “horas nalga”. Estos comentarios también han trascendido el ámbito puramente universitario. Y como ha quedado claro en algunas noticias, se pretenden revisar varios rubros, para modificarlos, como las anualidades, por ejemplo.
Es por lo anterior que la publicación en La República (4 de setiembre de 2014) de la noticia “Salarios absorben un 78% del presupuesto de la UCR”, en sentido estricto, no es una novedad, sino el avance de una fuerte ola externa e interna que pretende ejercer presión sobre los salarios y someterlos a otros parámetros o modelos, como ya ha sucedido en algunas universidades latinoamericanas, en las que se propicia la fragmentación salarial, ya que el personal puede ganar salarios diferentes, según su “productividad”, con el agravante de que esta no siempre está directamente asociada al modelo de desarrollo del país, a lo que realmente necesitan las comunidades.
Consciente de que el tema de los salarios en la Universidad de Costa Rica resulta complejo y de capital importancia para el logro de los objetivos institucionales, propongo como formas de defensa de sus salarios, lo siguiente: 1) que las instancias competentes de la Universidad se den a la tarea de revisar (y de ser posible técnicamente, eliminar) el concepto de pluses salariales, para integrarlos de una manera homogénea al salario de cada trabajador o trabajadora, el cual no puede obviar sus méritos alcanzados; 2) continuar con una eficiente administración de la relación 80/20, de modo que no se afecte el salario del personal y 3) efectuar los estudios actuariales suficientes, para informar a la comunidad universitaria y tomar las decisiones más apropiadas, con una visión integral y sin olvidar que los salarios constituyen una de las pocas formas de distribución de la riqueza y deben defenderse con absoluta convicción, sin ceder a las exigencias del sistema neoliberal, y con el mayor compromiso de cada funcionario o funcionaria con la excelencia de la Institución. Solo así permaneceremos de pie ante esa ola.
