Cómo explicar que encuentra tantas dificultades para concretarse un proyecto que podría contribuir a generar empleo, al desarrollo de una zona deprimida del país y del país en general, al menos en opinión de sus propulsores, gobierno anterior y actual, sectores empresariales y medios de comunicación tradicionales.
En mi criterio, esto se explica a profundidad por lo que conceptualizo como debilitamiento de la democracia, reflejada en su incapacidad para construir gobernanza o al menos espacios de deliberación, reconocimiento de actores sociales en el proceso de toma de decisiones, particularmente en las políticas públicas. Califico de estructural esta debilidad dada las profundas raíces de las que emerge, así como por las enormes dificultades que han encontrado los últimos gobiernos para impulsar políticas públicas. Pero también por las consecuentes confrontaciones y movilizaciones que las acompañan. Además de las reiteradas coincidencias de los analistas sobre dicho debilitamiento. El decimonoveno Informe del Estado de la Nación 2013 (Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, Costa Rica) reporta que existe “una clara señal de que la protesta ciudadana se ha intensificado en los años recientes”.
Hasta ahora, el clientelismo ha sido la herramienta fundamental para resolver estas contradicciones y sacar adelante políticas públicas, con lo que se ha agravado el fenómeno de la corrupción. Pero la complejidad de los problemas actuales, que son objeto de políticas públicas, junto con la creciente diversificación, proliferación y organización de actores interesado o afectados en esos problemas; así como, dados los recursos, particularmente de comunicación y movilización, a que estos actores tienen acceso, ha dado origen a que se multipliquen los reclamamos y exigencias y a una creciente demanda por participar en la gestión de las políticas públicas.
Esta situación no es un asunto exclusivo de Costa Rica, la literatura es abundante en señalar la contradicción entre lo que se puede identificar como ventajas sobre las que se han articulado los regímenes democráticos: “la descentralización de competencias, la separación de poderes, las garantías de que gozan los ciudadanos, las posibilidades mismas de la democracia directa y, en cualquier caso, el recurso al poder judicial contra una decisión de las autoridades públicas” (El análisis y estudio de los procesos de decisión en políticas públicas, Joan Subirats y Bruno Dente, Ariel, Barcelona, 2014, pag.17). Y, el hecho incuestionable de inconformidad, descontento y rebeldía que se generan ante los pobres resultados de las políticas públicas impulsadas por los gobiernos. “Las políticas públicas están colapsadas y su fracaso es el motor de la creciente indignación de la ciudadanía” (Brugué-Torruella Op.Cit.).
