“Las políticas públicas están colapsadas y su fracaso es el motor de la creciente indignación de la ciudadanía”. Esto decíamos en un artículo anterior, citando a Brugué-Torruella. En Costa Rica, una situación de este tipo busca ser superada en el gobierno de Luis Guillermo Solís, generando mesas deliberativas, mesas de diálogo o lo que es lo mismo, redes de gobernanza. Para ejemplo, la Mesa de Diálogo Social o la Mesa Energética. Pero, estas formas de gobernanza, dependiendo de la atención a los espacios y mecanismos concretos de participación y deliberación que alberguen, pueden incrementar la calidad de la democracia o pueden deteriorar el rendimiento de las políticas públicas.
Veamos algunos antecedentes propios de Costa Rica. Podría decirse que el mencionado debilitamiento se viene evidenciando con fuerza al menos en las últimos cuatro gobiernos, si se toma como parámetro la enorme dificultad de esas administraciones para impulsar políticas públicas de envergadura.El punto de inflexión de este debilitamiento, puede ubicarse durante el ejercicio de la administración del presidente Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002). Por una parte, por lo que representa para la vida institucional del país, la movilización y el tipo de respuesta gubernamental que se generó en torno al intento de aprobación, por la Asamblea Legislativa, de la llamada “Ley para el Mejoramiento de los Servicios Públicos de Electricidad y Telecomunicaciones y de la Participación del Estado”, mejor conocida como “combo del ICE”.
Como lo señalan muchos analistas, esta iniciativa gubernamental estaba orientada hacia la privatización de este servicio, hasta entonces en manos del Estado. Podríamos aceptar que en este caso, solamente una vez que el conflicto adquirió una dimensión nacional y las movilizaciones incorporaron a los más diversos sectores y actores nacionales, fue que se optó por el diálogo y la búsqueda de acuerdos consensuados.
Pero recordemos también que durante el primer año de su mandato, Miguel Ángel Rodríguez intentó conformar lo que se denominó un Foro Nacional de Concertación que, a juicio de varios analistas, sus frutos fueron nulos y dicha experiencia se valora como un fracaso y otros, sin apartarse de esa conclusión destacan que fue un primer intento de conciliar intereses, para lograr la privatización de la producción de energía y los servicios derivados.
No menos importante que lo anterior fue la confrontación que se generó, durante la administración Arias Sánchez (2006-2010), por la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Este hecho también refleja una crisis de modelos de gestión anticuados, como lo es el ejercicio tecnocrático o “meritocrático” del gobierno, tal como lo definió el presidente Arias. Pero en esta ocasión, también se evidenció la creciente debilidad de lo que en la literatura inglesa se ha denominado los party governmenta. Es decir, el agotamiento operativo o funcional del modelo recientemente imperante, “gobierno de partidos”, para impulsar políticas públicas. En este caso, la democracia costarricense tuvo que desempolvar la figura de plebiscito, para dirimir el conflicto. En esa figura, los partidos políticos quedaron, al menos formalmente, fuera de la arena de actores que lideraban las fuerzas en contienda.
Podríamos seguir enunciando casos que evidencias el reclamo ciudadano por incidir en las políticas públicas, como lo ha sido la fuerte oposición ciudadana a la concesión a favor de la operadora designada por el Gobierno para ampliar la carretera a Occidente.
Ante esta situación, es imperioso preguntarse sobre qué ha pasado y cuáles deberían ser la condiciones para alcanzar niveles de efectividad de los espacios de gobernanza que se han venido desarrollando y estableciendo formalmente en leyes nacionales, particularmente en las leyes laborales y las ambientales, así como en aquellos espacios informales surgidos espontáneamente ante situaciones coyunturales de políticas públicas específicas, como el Foro de occidente y los foros de diálogo sectoriales impulsados por el actual gobierno.
