Costarricense de Derechos Humanos (Codehu), a la Comisión de Derechos Humanos de Centro América
(Codehuca), a Serpaj (Servicio Paz y Justicia) y a las organizaciones sindicales de la región, a denunciar su
condición de esterilidad ante el empleo del DBCP en las plantaciones de banano. El DBCP es el ingrediente
activo de los pesticidas “nemagón” y “fumazone”, clasificado por la FAO como “extremadamente tóxico”. Los
plaguicidas contaminaban el suelo, el agua y todo tipo de vida. La deforestación y las lluvias arrastraban el
agroquímico hacia los ríos envenenando los peces.
Desde entonces, se inició un largo calvario para los trabajadores y sus familias.
La Standard Fruit Company continuó utilizando el producto en las fincas bananeras a pesar de que en 1977 ya
había sido suspendida su fabricación en Estados Unidos. Las denuncias presentadas por los afectados no fueron
atendidas por la transnacional bananera, con el silencio cómplice del Ministerio de Trabajo. Para la Standart
lo prioritario era la comercialización del producto y la obtención de máximos beneficios con el apoyo de los
gobiernos de turno. No contaba en absoluto el problema de salud de los empleados (as) y su calidad de vida.
El caso de los trabajadores fue presentado ante Tribunales Estadounidenses por parte de abogados contratados
para la defensa. Lamentablemente, ante el poder entregado por los demandantes a sus abogados (as), se
establecieron negociaciones extrajudiciales con consecuencias injustas para los trabajadores, además del cobro
excesivo de honorarios. En el 2010 el Colegio de Abogados aprobó una sanción sin precedentes contra una de
sus agremiadas quien fue representante legal de 8.000 trabajadores bananeros. Lamentablemente, varios de los
trabajadores afectados han fallecido, sin ver cumplidas sus exigencias de búsqueda de justicia.
Una investigación reciente del Instituto Regional en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional, en
colaboración con universidades extranjeras, divulgada por el Semanario UNIVERSIDAD, ha vuelto a poner
sobre la mesa la fumigación irresponsable de los bananales, esta vez en Matina de Limón. La fumigación aérea
ha puesto en peligro la salud de niños (as) y habitantes de la comunidad. La alerta se ha dado luego de análisis
hechos a mujeres embarazadas que viven cerca de los bananales en el cantón de Matina, las cuales mostraban
concentraciones en su orina de un derivado del fungicida Mancozeb, que puede alterar el funcionamiento de la
glándula tiroides, con consecuencias para el desarrollo del feto y del recién nacido. Se han presentado también
denuncias de la contaminación del río y de niños (as) con brotes en la piel y enfermedades del estómago.
El incremento de fungicidas y de fertilizantes químicos ha traído serios efectos entre los trabajadores (as)
bananeros de Centroamérica ante la contaminación de ríos, lagos y aguas subterráneas. En Costa Rica
tenemos además, múltiples denuncias de las familias que viven cerca de las plantaciones piñeras con
consecuencias ambientales y sociales graves. Sin embargo, en muchas zonas del país, continúa la expansión
incontrolada del producto con severas consecuencias para el agua, el bosque y las comunidades.
La obligación de las municipalidades respectivas, de la Comisión Ambiental del sector bananero, del
Ministerio de Salud… es velar en primera instancia por la salud de las personas que viven cerca de las
plantaciones. Las convenciones internacionales de derechos humanos exigen la protección de la población y de
los recursos naturales en áreas de fumigación con agroquímicos.
Hay que evitar a toda costa que se repitan en nuestro país las consecuencias desastrosas de las víctimas del
DBCP, cuyos efectos físicos, psicológicos y morales se arrastraron durante largos años: impotencia, depresión,
aislamiento social, ruptura familiar. Somos cómplices al encubrir mediante el silencio las ganancias que estos
productos tienen para las empresas fabricantes y para las transnacionales de la fruta que encuentran mayor
efectividad y economía en la aplicación de estos pesticidas por encima del derecho a la vida y a la protección
del medio ambiente.
