Qué es mejor? ¿Una ciudad en la que las personas tienen acceso a espacios públicos de calidad o una en la que los proyectos inmobiliarios irrespetan con la connivencia política los espacios de esparcimiento?
¿Una ciudad que crece de manera compacta y ordenada en las áreas que tienen aptitud para usos urbanos o aquella que se extiende como una mancha de aceite de muy baja densidad?
¿Una ciudad que crece a destajo de la legislación urbanística o una donde impera la legalidad, donde cada parte cumple sus atribuciones y deberes? ¿Una ciudad que integra a sus habitantes y les brinda de manera responsable los necesarios servicios urbanos y sociales o una que crece segregándolos? Por último, ¿es mejor una ciudad que crece bajo el desarrollo sostenible o esa en la que el interés privado prima sobre el de la colectividad y reina la obtención de logros económicos a muy corto plazo?
La respuesta de la mayoría, sería que el mejor modelo es el primero, el de una ciudad inclusiva, solidaria, sostenible y económicamente competitiva, pero ese no parece ser un criterio compartido por parte de los representantes de este gobierno, así como de los sectores inmobiliarios escudados en las cámaras y a los cuales los primeros responden, en relación a la reciente decisión de la Ministra de Vivienda de destituir al director del Proyecto PRUGAM, Arq. Eduardo Brenes y de clausurar el proyecto que se había comprometido a dar seguimiento. Esto bajo una excusa, la cual no esconde otra cosa que la usual intolerancia de este gobierno con la expresión de opiniones que son contrarias a la oficial, cuatro días después de que Eduardo Brenes se opusiera a la decisión arbitraria de la ministra de extender en 200 metros el anillo de contención urbana definido para la Gran Área Metropolitana y que había sido basado en criterios técnicos sólidos, propuestos desde el Plan GAM de 1982 y respetados en el Plan PRUGAM del 2008.
Ahora bien, para entender mejor esto, si se piensa que esa extensión de áreas urbanizables es insignificante, se pueden señalar varias razones en contra. La primera que esta extensión parte de un criterio arbitrario, basado en un tecnicismo sobre el ancho del límite en los planos (de 200 metros) y si se podía urbanizar hasta el borde interno o externo de esta. Con base en los principios que basaban el plan, se entendió que este límite era el interior, pero los sectores inmobiliarios siempre lucharon por eliminar esta restricción y el actual gobierno se decantó en ese sentido. Segundo, si se elimina esta normativa, se estaría incrementando un área importante a todo lo largo de la GAM, abiertos a la rebatiña, con proyectos que ya hacen fila para su aprobación, sin garantía que esta no se modifique de nuevo para extender las zonas de potencial residencial hasta donde se pueda, generando una ciudad extensa y sin infraestructura adecuada para enfrentar este crecimiento. Tercero, cabe añadir que esta se haría sobre áreas no aptas para la urbanización, como aquel condominio en Moravia que se hizo antes de que se aprobaran los índices de fragilidad ambiental y que luego colapsó al primer temporal. En cuarto lugar, no es una razón de peso la extensión en aras de los sectores más vulnerables de la sociedad, puesto que no es un secreto que el terreno que pasa de un uso rural a uno urbano multiplica su valor, la inclusión social pasa por otras opciones, contempladas por el PRUGAM.
Por supuesto. En un primer momento todos los sectores implicados aplauden la necesidad de planificación urbana: en lo ambiental, en lo social, en lo económico, en la infraestructura y redes, en la vivienda, en la vialidad y los transportes. Todo basado en estudios que garanticen que las decisiones no sean antojadizas. Pero cuando esto lleva a proponer aspectos que chocan con lo que algún inversionista tenía en mente, los posibles beneficiados con el fracaso de un plan se oponen ferozmente a este instrumento, al punto que ahora se ha podido evitar la aprobación del Plan PRUGAM y si bien ya tiene el aval de la SETENA en lo ambiental, seguramente tendrá un traspié en el INVU para su implementación. Nada que una cena en Cerutti no pueda evitar. Claro ejemplo del modelo de “dictadura en democracia” vigente.
Como conclusión queda decir que un plan regional no es como un programa de televisión: uno no puede escoger la parte que más le guste y aplicarla. Un gobierno en el que pesa la prédica vacía y no las consecuencias de esta; en el que un plan que traería grandes beneficios al sistema urbano ya muy afectado de la GAM es detenido por intereses creados, que violenta el derecho de todos a un medio equilibrado, que expresa el pensamiento más reductivo, bajo la mayor apariencia de inocuidad, no es un gobierno que piensa en el beneficio de todos. Esto expresa la imposición de una errada visión de desarrollo, frente a modelos en Latinoamérica donde el mercado ha funcionado bien en medio de las regulaciones urbanísticas, generando un medio urbano inclusivo y eficiente, en el que todos ganan. Así, ¿qué se puede esperar del futuro?
