La autonomía universitaria como precepto básico es fundamento de la civilización occidental, del concepto mismo de “universidad”. Está en los cimientos de las luchas por la libertad de expresión, libertad de disentir, libertad de pensar e incluso de ser diferente.
Está a la base – como lo estuvo la separación de la Iglesia del Estado con los liberales- de la separación entre el poder político y el académico, entre el poder de la fuerza y el del conocimiento.
La Universidad de Costa Rica es la primera de las Universidades de Centroamérica que nace autónoma. En el artículo 4 de su Ley de Constitución, aprobada por el Congreso Constituyente (Ley 362, 26 agosto 1940), señala que “La Universidad será autónoma y gozará de capacidad plena para adquirir derechos y contraer obligaciones”.
La UCR nace independiente fundamentada en los valores y principios aprobados después del movimiento de Córdoba, Argentina, en 1918, y sobre la base del texto presentado por la Misión Chilena y Luis Galdámez, en 1935, titulado simbólicamente: La Universidad Autónoma. El documento redactado por Luis Demetrio Tinoco incluye la autonomía plena y la independencia absoluta del poder ejecutivo.
Además de las discusiones sobre la necesidad o no de crear una Universidad nacional para Costa Rica y la de si debía tratarse de una reapertura de la Universidad de Santo Tomás (tesis de Alberto Brenes Córdoba) o de una Universidad nueva y moderna (planteamiento de Luis Demetrio Tinoco), la polémica más fuerte que se desata en todas las épocas alrededor de la Universidad es la de los límites de la autonomía que, por cierto, nadie cuestiona. Para el poeta universitario Isaac Felipe Azofeifa las primeras grandes luchas estudiantiles se dan en torno a ese valor político que implica independencia, capacidad de decisión y, sobre todo, posibilidad de trabajar sin presiones y directrices externas.
Ciertamente a través de los años algunos políticos han intentado asumir el poder real y/o simbólico de la institución con más o menos éxito, pero también lo es que por poco el grito de autonomía y no intromisión se ha escuchado a lo largo y ancho de áreas, facultades y escuelas. Eso sí, la intervención directa, violenta y casi caricaturesca del Organismo de Investigación Judicial en el campus universitario el lunes 12 de abril es inédita, confusa e inadmisible y jamás se ha dado –y esperamos no se volverá a dar- en 70 años de historia.
No se trata, entonces, de una burda pelea por ser “independientes” ni mucho menos “soberanos” o “un estado dentro de otro estado”. Se trata de autonomía, de un derecho dado por la Constitución Política de 1949 en su más amplio sentido de poder organizativo, de administración, de patrimonio, de libertad de cátedra y de independencia económica… Se trata de un precepto, una noción, una idea que compartimos los y las universitarias del mundo como una forma de pensar, decir, actuar, crear, innovar, transferir, relacionarnos, mediar, creer, defender, negociar, conocer, trasmitir, divulgar sin interferencias del poder político (gobierno, partidismo, ideología hegemónica, poder económico…).
Una noción que aprendemos desde antes de formar parte de la familia universitaria, que nos protege de arbitrariedades, de pensamientos dominantes, de abusos posibles. Una noción que pasa por el conocimiento, por el patrimonio pero también por el campus, ese espacio donde debemos sentirnos tranquilos para pensar, decir, actuar, criticar o resistir al entorno. A ese derecho legal, constitucional se suma, entonces, el consuetudinario – el de la costumbre, la creencia, la apropiación de la mentalidad colectiva- el del derecho que se gana con trabajo, con aportes, con calidad, pertinencia e impacto social, económico y cultural.
La autonomía ha sido un hecho por 70 años. Un derecho y un hecho. Para eso en la Universidad se crea un cuerpo de seguridad interno que dialoga y apoya a los cuerpos policiales externos. Para eso existen regulaciones específicas y acuerdos de “damas y caballeros” para llevar a justo término la justicia. La UCR no ha sido ni será refugio de delincuentes o permisiva con la corrupción, pero tampoco puede permitir que la avasallen, que la invadan “oficiales armados hasta los dientes” que por alguna imprudencia pueden provocar una tragedia de proporciones no imaginadas.
No podemos permitir actos como los del 12 de abril – desde ahora recordado como el Día de la Autonomía Universitaria – donde la fuerza bruta, la falta de comunicación, la violencia, la prepotencia y la impericia prevalezcan sobre el diálogo, la concertación, la convivencia pacífica, la tranquilidad, la institucionalidad y los derechos constitucionales y consuetudinarios.
Me decía mi hijo que de todas las informaciones, artículos de opinión y entrevistas que escuchó, leyó o vio en los medios de comunicación, lo que más le impactó fueron las palabras de un estudiante universitario conmovido por los hechos y convencido hasta la médula de la necesidad de defender la autonomía y sacar a los uniformados con sus armas y su actitud prepotente de su querida institución.
Muchos pensamos como el compañero estudiante que no se puede permitir ni la violencia ni la presencia de efectivos armados en el campus. Muchos creemos que hay que defender las conquistas que algunos quieren quitarnos en el país. Muchos tememos que este acto – entre otros- tenga una dimensión más grande que la que se ve a simple vista.
Muchos observamos los cambios en el contexto nacional y tememos que esta sea “una prueba” para ver cómo reacciona la prensa y el pueblo frente a las violaciones de los derechos constitucionales, institucionales y más específicamente individuales, como el derecho a la privacidad o al libre pensamiento. Muchos relacionamos los hechos del 12 de abril y nos preguntamos ¿y ahora qué sigue?
En la exitosa marcha del 15 de abril hasta los Tribunales de Justicia, en la reacción de la Corte Suprema y sus representantes, en la respuesta de miles de mujeres y hombres de la sociedad civil que apoyan la universidad pública, en la respuesta de políticos, intelectuales y empresarios sentamos la esperanza.
La Universidad de Costa Rica necesita recursos económicos como una inversión para poder seguir aportándole al país, necesita recursos humanos y financieros y, desde luego, necesita autonomía para poder hacerlo con calidad, pertinencia e impacto.
