Para nuestra mala fortuna las políticas sociales diseñadas y puestas en marcha por los últimos gobiernos, han jugado un papel residual en la gestión del desarrollo del país. Su carácter marginal en el modelo de acumulación de riqueza prevaleciente, que concibe la pobreza tan solo como la ausencia de recursos y que persigue el crecimiento como la panacea del progreso humano, han provocado que muy a pesar de ellas, arrastremos más de 20 años de vida indigna para casi una cuarta parte de nuestra población.
Los crecientes niveles de exclusión e inequidad (los ingresos del 20% más adinerado son 18 veces más grandes que el 20% más pobre), no sólo exhiben al país en el escaparate internacional de la vergüenza, sino que minan día a día la capacidad de resistencia de nuestro pueblo.Ante ello, nuestra clase política siquiera se sonroja: el problema es de “los otros”, de esos otros sin voz y sin poder, para quienes se diseñan disfraces a la medida mal llamados “políticas públicas”, sin metas, sin indicadores, sin medios de verificación, en fin, sin ninguna previsión técnica que permita medir más tarde, cuáles son los verdaderos efectos e impactos de tales programas.
Iniciativas como el programa FONABE, Avancemos, y varias otras más requieren con urgencia ser evaluadas. Las estrategias hasta ahora puestas en práctica (y algunas de ellas de larga data) han resultado ser insuficientes y hasta inoperantes para garantizar la permanencia de niños y jóvenes en las aulas escolares. Lo más lamentable, sin embargo, es que la mayoría de los políticos sigan creyendo bondades de estas iniciativas, sin haberse tomado el tiempo para conocerlas y comprenderlas a cabalidad. Por alguna ingenua razón, se supone que la simple existencia de un programa asegura su éxito; continente y contenido se divorcian y se distancian, sin que el sentido común y un mínimo de visión de país, asomen el ojo avisor.
Cuando la ciudadanía pide cuentas, cuando se exige transparencia en las acciones y, sobre todo, cuando la ostentación del cargo político se entiende no como poder, sino como condición de servicio, es posible encarar la política social desde una perspectiva mucho más realista y humana. Dos condiciones para una política social con pertinencia son sin duda, la participación y la gestión para resultados.
La primera de ellas exige colocar al ser humano como el centro del desarrollo; desde esta postura ética, el desarrollo se refiere a las personas y no a las cosas y, por lo tanto, ningún proceso o interés económico −bajo ninguna circunstancia− puede estar por encima de la reverencia hacia la vida.
La segunda condición es asunto técnico y metodológico: se puede formular y gestionar políticas, planes y programas bajo un enfoque que propenda a la obtención de resultados, donde los productos, efectos e impactos sustituyan esa manía burocrática, que pone el énfasis en el desempeño de actividades o peor aún, en simples enunciados de gasto.
En definitiva, política social con transparencia y con el rigor de la gestión para la obtención de resultados, constituye un paradigma loable y necesario.
