El pasado 18 de enero del 2010, la Superintendencia de Telecomunicaciones, SUTEL, en la presentación de su “Informe sobre el Sector de Telecomunicaciones en Costa Rica”, para el concurso público “Concesión de Frecuencias para la Operación y Explotación de Servicios de Telecomunicaciones – Telefonía Móvil”, así como las condiciones generales del concurso, detalló las bandas de frecuencias que se otorgarán en concesión y el cronograma para la adjudicación de tres nuevos operadores extranjeros.
Los requisitos del Cartel solo podrán ser cumplidos por cuatro empresas transnacionales, que en el Continente latinoamericano acaparan esos servicios en oligopolio. Como lo expusiera el mismo G. Miley, Director de la SUTEL, se tienen tres concesiones para cuatro empresas interesadas.
En un proceso lleno de contradicciones e ilegalidades, se pretende concesionar 60 Megahertz a cada uno de los tres nuevos operadores, mediante un concurso cuyo Cartel se publicará el próximo 5 de febrero y sería adjudicado por el Poder Ejecutivo tres meses después, el 5 de mayo del 2010. Obviamente el “rally” tiene el propósito de que tal adjudicación la haga el Dr. Óscar Arias Sánchez, ningún otro gobernante se atrevería a hacerlo en tan precarias condiciones.
Un proceso que antes de empezar ya tiene tres recursos de amparo ante la Sala Constitucional y muchos cuestionamientos legales, no puede presagiar más que un fracaso. Se cuestiona 1) no estar aprobado por el Consejo Sectorial de Telecomunicaciones como lo ordena la Ley 8642, 2) haber dispuesto de 208.6 MHz del espectro otorgado al ICE al amparo de una “Ley”, pero que lo obligaron a devolver mediante un “Acuerdo” firmado con el MINAET y 3) un supuesto conflicto de intereses entre una de las transnacionales interesadas en una concesión y la empresa que los representa en el país, dado que esta misma empresa habría colaborado en la preparación del cartel de licitación.
En un país en donde cualquier proceso licitatorio tarda hasta 30 meses, se pretende dejar adjudicado este -con la magnitud que tiene- en tan solo tres.
Tanta premura no deja sino mucho espacio para cuestionarse: ¿Qué intereses se mueven tras bambalinas? Si para que los trabajadores de JAPDEVA que accedan a entregar el Puerto de Limón se les está ofreciendo $137 millones (dinero que terminaríamos pagando todos los costarricenses de alguna forma), ¿qué poderosos intereses pueden mover este proceso, infinitamente más lucrativo que el Puerto de Limón?
La prisa y la desesperación nunca han sido buenas consejeras, la carrera con que aprobaron el TLC (génesis de este concurso), las Leyes de Implementación y finalmente este proceso de apertura, solo pueden obedecer al propósito de dejarlo “concluido” en este gobierno, a cualquier precio. Si lo hicieran quedaría arrastrando tal “lastre legal”, que no les será fácil mantenerlo en pie.
Más pareciera que el objetivo es que el gobierno termine con esa “flor en el ojal” aunque se marchite precisamente en el mes de las flores, pues con tal de lograr su objetivo estaría dispuesto a judicializar el proceso, por lo que mayo, pero del 2012, pareciera ser una fecha realista para su concreción.
Quedaría por verse entonces, si será otro gobierno el que pueda terminarlo o si lo harán los hermanos Arias en una extensión del suyo, que de ser así tiene rostro de mujer.
