El pasado 12 de agosto se celebró el Día Internacional y Nacional de la Juventud, una efeméride que, como otras, visibiliza un suceso notable o, en este caso, un grupo etario, el cual representa el 43% de la población de Costa Rica.
Según el Censo del 2011, la cantidad de jóvenes que no estudia y no trabaja en el país corresponde a un 19,3% de la población de entre 12 y 24 años de edad, lo que contabiliza un total de 201.870 jóvenes, donde las mujeres son las más afectadas.
Si se analiza esta situación de acuerdo con lo que señala la Ley de la Persona joven, es obvio que no hay un ejercicio efectivo de los derechos, ni acceso democrático a las oportunidades; menos una participación activa en la vida nacional porque estas personas jóvenes, en la práctica, están excluidas y expuestas a la anulación de su potencial como agentes de cambio en la solución de los problemas que les afectan directa e indirectamente. ¡Y qué ironía! Este año el lema del Día Internacional de la Juventud es la Participación ciudadana.
¿Qué implicaciones tiene para un país una situación como esta? En el tenor de algunos discursos, se puede concluir que el desaprovechamiento del bono demográfico que representa esta población joven tiene repercusiones negativas en el desarrollo del capital humano, la fuerza de trabajo calificada y el desarrollo económico del país. Desde una perspectiva humanística, contar con personas jóvenes en esta situación significa no atender su especificidad en su diversidad, no estimular la formación de conciencias críticas, creativas, asertivas, capaces de participar eficazmente en los procesos de la vida nacional, interesadas en la creación de sociedades justas, ajenas a la ignorancia y la miseria material y moral.
En respuesta a una solicitud formulada por el Consejo de la Persona Joven a la UCR, se efectuó el pasado 26 de agosto un taller para dirimir aspectos relevantes sobre los aciertos, desafíos y retos futuros en este tema, así como sobre el impacto que algunas políticas y acciones focalizadas han tenido hasta la fecha. De forma complementaria, se abordó la situación de la población joven que no estudia y no trabaja en una mesa redonda convocada por la Coordinación de Seminarios de Realidad, que contó con la participación de la jerarca del Consejo de la Persona Joven, la Vicerrectora de Vida Estudiantil de la UCR, el presidente de la Feucr y una investigadora del INIE.
En ambos encuentros hubo consenso en torno a que el país cuenta con planes, programas y directrices suficientes como para que esta situación no tenga lugar, sin embargo, la congruencia entre lo que se piensa, dice y actúa arroja las cifras señaladas, detrás de las cuales hay seres humanos violentados en sus derechos y expuestos a una situación de altísima vulnerabilidad.
Otras conclusiones de estos encuentros señalan que la atención a la población joven en general, y en este tema en particular, es dispersa y atomizada; que se requiere de una cultura de monitoreo, seguimiento y evaluación de las acciones que se emprenden; de una eficaz y eficiente coordinación interinstitucional, intersectorial e interdisciplinaria; de un vigoroso diálogo entre la rectoría política y la técnica; y de un pertinente y atractivo estudio de la Ley de la Persona Joven y sus alcances en el espacio educativo formal, así como de una robusta tarea de divulgación de esta.
Reconocemos y valoramos la preocupación de quienes están discutiendo este tema; y esperamos que la UCR, de manera sostenida, desde la docencia, la investigación y la acción social, continúe acompañando estos esfuerzos.
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