II parte
6- Porque si el Estado no es capaz de controlar las instituciones de encierro que hoy tiene, mucho menos podrá controlar las que irremediablemente se abarrotarian de menores. El sistema carcelario del país se encuentra colapsado desde hace años, con una población muy superior a la que pueda garantizar un mínimo de respeto a los derechos humanos de los sentenciados, mismos, que aunque a muchos les incomode, no dejan de ser seres humanos por el hecho haber sido declarados como culpables; los niveles de violencia en las prisiones sigue en aumento y la incapacidad material de brindar verdaderas acciones de corrección se manifiestan en cada centro penal; si la cantidad de presos ha aumentado tan significativamente con solo la implementación de los tribunales de flagrancia (30%), es muy probable que si se rebaja la edad penal, cientos de jóvenes mayores de 15 años vean truncada la posibilidad de una verdadera resocialización y se tengan que enfrentar a la sanción típica que propugnan los medios de comunicación: la cárcel, y así en aras de una prevención especial o general, se perderá el fin principal de la sanción penal juvenil.
7- Porque el sistema penal es discriminatorio, selectivo, estigmatizante. Cualquier encuesta que se realice en los despachos judiciales, mostrará que los jóvenes involucrados en la comisión de delitos, poseen características semejantes, a saber: baja escolaridad, familias disfuncionales, bajos ingresos a nivel familiar, exclusión educativa, laboral y social. La justicia penal se dirige cada vez es más contra de los marginados, no es extraño que acciones como la mano dura y la cero tolerancia involucren en porcentajes casi totales a estas poblaciones más vulnerables.
Estos jóvenes son estigmatizados desde edades muy tempranas, ya sea por su pertenencia geográfica, familiar o socioeconómica, se les niega la posibilidad de incorporarse a la sociedad en forma productiva y positiva y al final se les quiere cobrar, lo que la escuela, la familia y la sociedad en general les negó, «premiándolos » con un encierro destinado a cubrir los errores de quienes debimos protegerlos.
Antes que pensar en el encierro sin razón, debemos implementar verdaderas estrategias preventivas, destinadas a integrar estos jóvenes a la sociedad, a través de la familia, la escuela, la sociedad, la formación laboral y educativa y un justo mercado laboral.
8 – Porque los jóvenes son utilizados por adultos para delinquir. Siendo aceptada así la situación, y figurando como uno de los motivos para pedir endurecer la justicia juvenil, se convierte en un contrasentido aumentar la pena a quien es manipulado; el menor de edad por su misma condición fisiológica y psicológica es influenciable y no tiene el control de impulsos o la previsión de sus actos como un adulto; es un sujeto que si bien debe tener responsabilidad por los actos dañinos que cometa, su reprochabilidad jamás se puede equiparar a la de un adulto, pues se ven sometidos a una relación de poder desigual , y extrañamente a ese adulto que lo explota no se le busca castigar con más dureza.
9 – Porque las penas actuales no son para nada bajas. Pensar como lo hace el director del OIJ, que 15 años de cárcel para un menor de edad es una pena ínfima, me parece fuera de toda proporción; 15 años para un menor de edad puede significar toda su vida, aumentarlo a 50 como se propone es una cadena perpetua; ¿que sale a hacer a la sociedad una persona que descuente 50 años de prisión?; esto convierte en frustración su futuro y lo invita a cometer actos violentos en prisión, pues al final no tiene esperanza de nada. Nuestra pena de internamiento actual es la más alta de Latinoamérica y como es de esperar, no produjo ese efecto mágico de eliminar la delincuencia; aumentarla aun más es continuar cometiendo un error y esperar un cambio en el resultado.
10) Porque se pretende encerrar a los excluidos de la sociedad. Los jóvenes en conflicto con la ley de hoy en día, pertenecen en muchos casos a la generación perdida de los ochentas, década en la que el Estado abandonó muchos programas sociales, educativos y de asistencia, para cumplir con los acuerdos de los organismos económicos internacionales; muchos son hijos de madres adolescentes solas, que no tienen la posibilidad de velar por su verdadera formación, pues debieron involucrarse en el mercado laboral o delictivo como una práctica de supervivencia.
Asimismo, la sociedad de consumo en que vivimos invita a todos por igual a superarnos adquiriendo más y más bienes materiales, sin importar que sea por medios lícitos o ilícitos; la búsqueda de una ficticia igualdad propicia la comisión de delitos y con ello la aparición del poder coercitivo del Estado dirigido a quienes hemos convertido en nuestros enemigos.
