La discusión mediática y legislativa actual sobre el empleo público y particularmente sobre las remuneraciones de los funcionarios del Estado costarricense, tiene como en otras oportunidades una orientación superficial y distorsionadora, propia de la arbitrariedad del liberalismo contemporáneo.
Discutir sobre el empleo público sin analizar las funciones desempeñadas, sus requerimientos ni su complejidad, convierte la discusión en una generalidad que impide comprender la naturaleza del empleo y la función pública. En la década del ochenta la prensa liberal y los partidos que se turnaban en el poder estatal, se regocijaban pregonando el exceso de funcionarios y lo grande que era el Estado, que sin razonamiento alguno se debían reducir. Las cantidades se validaban a sí mismas en una absurda tautología. En esta oportunidad, no son el número de funcionarios los cuestionados, sino el monto de los salarios que ganan, pero de modo similar sin tratar de comprender lo criticado.
En el mundo de las cantidades, lo mucho o poco, depende con qué o con quién se compara. Así, será mucho lo que se gana, comparado con los salarios africanizados que menciona la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero serán reducidos sus salarios comparados con los funcionarios públicos de Bruselas. ¿Con quienes son comparados los funcionarios costarricenses? ¿Con los propios costarricenses sin preparación, experiencia ni antigüedad, o con aquellos que no tienen incentivos ni organicidad para conquistar algún beneficio? Es un sofisma y es ilógico tratar de generalizar lo que es particular. ¿Acaso se pretende que todos los funcionarios públicos ganen poco e idénticos salarios, como si el desempeño de la función pública fuera un trabajo de maquila?
Los funcionarios públicos forman parte, con otros, de la clase media, del sector poblacional que al tener un importante consumo y pagar sus obligaciones tributarias y servicios públicos, permite que los productores, importadores y comerciantes privados puedan vender, ganar, crecer y expandirse, así como proporciona un aporte significativo a los ingresos fiscales del Estado y hacer sostenible los servicios públicos. Perjudicar a los funcionarios públicos afectará la vida social, económica y política de la sociedad costarricense, así como atacar la función y gestión pública, a través del empleo público, se pretende debilitar, aún más, la institucionalidad estatal y liquidar el derecho a tener derechos laborales y ciudadanos.
Durante más de tres décadas los gobiernos liberales debilitaron las instituciones públicas e incluso crearon entidades paralelas, no para fortalecer al Estado y la función pública, sino para disminuir su incidencia en el bien común ciudadano y nacional. Los incesantes esfuerzos por privatizar la función pública, incidieron en los salarios de las entidades descentralizadas del Estado, cuyos directivos como auténticos autócratas, se asignaran remuneraciones extraordinarias ofensivas a los ingresos de los funcionarios públicos, también la corrupción y el clienteaje contribuyeron a crear puestos y prebendas privadas en las entidades públicas. Esto debe y tiene que eliminarse urgentemente, porque fueron privilegios privados en la función estatal. Pero, no son prácticas atribuibles a todos los funcionarios y entidades públicas, son específicas y referidas al sector descentralizado del Estado, cuyas remuneraciones no forman parte del presupuesto de la República ni inciden en el déficit fiscal, como equívocamente pregonan quienes con su acción partidaria, corrupción clientelar y cómplice silencio, contribuyeron a crear privilegios privados en el Estado. Los presupuestos de las entidades autónomas son aprobados y fiscalizados por la Contraloría General de la República.
El presupuesto del Gobierno Central solo cubre al 14% de las instituciones públicas, el 48% de los funcionarios públicos y el 42% de las remuneraciones de todo el sector público, el cual es conocido y aprobado por la Asamblea Legislativa. La distribución sectorial de las remuneraciones se distribuye en: Educación el 24,5%; Poder Judicial el 6,3%; Seguridad Pública el 2,9% y el 8,3 restante corresponde a salarios de trabajadores de más de 40 instituciones del Gobierno Central (Ministerio de Hacienda). La crítica a la magnitud de los salarios, ignorando el origen su determinación e impacto en los indicadores macroeconómicos y sociales, es irresponsable y distorsionada porque encubre intencionalidades contra la fe públicas, la institucionalidad estatal y penaliza a los trabajadores. Siendo los salarios del Gobierno Central los más bajos del sector público y pretender reducirlos a quienes trabajan en la educación, el poder judicial y seguridad pública, tiene la intención de empobrecerlos y convertir a Costa Rica en una sociedad atrasada, así como hacer inmune e impune a poderes despóticos e ilegales. El imperio del dinero y de las armas, sin regulación en la dominación, no es una alternativa para ninguna sociedad, menos aún para las colectividades que social cultural e históricamente conquistaron derechos y democracia.
El 58% de las remuneraciones de los funcionarios públicos, que no son financiados con el Presupuesto Nacional ni originan desequilibrios fiscales, se distribuye en las siguientes proporciones: el 29% corresponde a las instituciones Descentralizadas no Empresariales; el 14% a las Empresas Públicas No Financieras; el 10% a las Instituciones Financieras; el 3% a los Gobiernos Locales y el 2% a las entidades Desconcentradas (Ministerio de Hacienda). Estas remuneraciones guardan desigualdades significativas con los salarios del Gobierno Central, a la vez que revelan profundas diferencias internas, principalmente en las instituciones financieras y en las municipalidades. Es aquí donde se deberán hacer cambios urgentes, pero es la Contraloría General de la República, que no solo debe recomendar, sino rectificar o improbar lo es de su competencia.
La crítica parcial contra el empleo público y particularmente contra las remuneraciones de los funcionarios, efectuadas en una aparente equidad y una falsa justicia distributiva y moral, se revela cuando se conoce que el 27% de los trabajadores empleados privadamente es remunerado con menos del salario mínimo, que la oferta ocupacional privada es de baja calificación, con elevada informalidad y alta movilidad laboral, así como se evidencia una profunda e infame desigualdad salarial con las mujeres trabajadoras (INEC – Estado de la Nación). Esto es, se crítica al Estado y sus instituciones, mientras se oculta la ilegalidad e inmoralidad de las remuneraciones en las empresas privadas.
El Estado garantiza estabilidad económica, social y política en la sociedad costarricense, no solo porque proporciona empleo público y remuneración digna, como lo establece la Constitución de la República y la OIT, sino porque también con trabajadores se efectúa el trabajo universitario, las obras y las políticas públicas para el bien común y nacional.
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