Desde hace varios años se intenta fortalecer una corriente de pensamiento que une el desarrollo económico con la responsabilidad social como sustento de la democracia.
Una democracia que trascienda la representatividad política, el respeto a los tres poderes de la República y las elecciones limpias.
Una democracia que respete el derecho colectivo, la libertad de expresión y que tome en cuenta la posibilidad de movilidad social, la búsqueda de la equidad y de justicia y por supuesto, la redistribución de los recursos económicos que permita una vida digna con calidad de servicios colectivos, acceso y participación social. Esa democracia a la que la gran mayoría de los y las costarricenses aspiramos, solo es viable si se fortalece la educación pública y particularmente la educación superior.
¿Cómo pensar en desarrollo económico, en un sustento financiero estable y sostenible si no se cuenta con profesionales formados integralmente, si no se fomenta la investigación y no se busca un impacto social de calidad, pertinente y abierto a las mayorías?
¿Cómo planificar el futuro sin el recurso de las universidades públicas como espacios transdisciplinarios generadores de conocimientos, capaces de forjar programas y proyectos de gestión, en prácticamente todas las áreas de desarrollo?
¿Cómo imaginar el devenir sin el aporte reflexivo y el trabajo práctico de los y las universitarias en el campo de la formación, en la discusión sobre coyuntura, en la búsqueda colectiva de alternativas y soluciones, en esta época crítica?
La educación le ha permitido a nuestro país caminar hacia el progreso social y el desarrollo humano, con mejores resultados que en otras naciones: reducimos la mortalidad infantil, aumentamos la esperanza de vida, diversificamos la producción, desarrollamos una institucionalidad y unas bases democráticas significativas. A pesar de esto no podemos negar que aún nos asolan problemas graves producto de la pobreza, nos enfrentamos a una privatización de servicios de alto riesgo social, a un desarrollo turístico desequilibrado y destructivo, a una amplia brecha digital, a una inseguridad creciente que trae desesperanza.
Debemos luchar hoy aún más para que la educación sea una opción para las comunidades, las familias y las personas como servicio y no como negocio, como oportunidad y no como límite, como estrategia para lograr equidad y quebrar las diferencias… El Estado tiene un compromiso con el desarrollo nacional y esto incluye el compromiso de financiar la educación superior pública adecuadamente, mediante el Fondo Estatal para la educación Superior (FEES).
La educación como base para el desarrollo económico y social de un país debe ser considerada un bien social y no un medio de obtener ganancias sujeto a los criterios de una sociedad global y consumista.
Las naciones que resisten mejor la crisis financiera mundial son aquellas que están fortaleciendo la institucionalidad, el sector público, el empleo y la inversión en servicios para la comunidad. Debilitar las políticas sociales y restar apoyo a la educación superior pública es situarse en un camino que puede precipitar la debacle económico social. Invertir menos en el sector educativo de alto nivel disminuye la creatividad en la búsqueda de alternativas, provoca desencanto en un país que defiende la oportunidad de estudio para sus hijos e hijas, reduce la cobertura, la inclusión y la democracia efectiva.
Si defendemos una sociedad donde sea el conocimiento y no la fuerza el que rija los destinos colectivos, debe existir un financiamiento estatal apropiado y un ejercicio pleno de la autonomía constitucional. La inversión del gobierno en las universidades no solo propicia la responsabilidad y rentabilidad social, sino que compromete a distintos grupos sociales con la búsqueda de estrategias que mejoren la calidad de vida. Si queremos una Costa Rica que enfrente la crisis global y luche por un futuro abierto a la democracia real y a la libertad debemos permitir el desarrollo de los talentos sin distingos de clase, etnia o género y propiciar un trabajo de equipo entre las instancias académicas y las gubernamentales.
