En el documentito «Competitividad en Costa Rica» (2009), el Gobierno de Costa Rica y el Banco Mundial promueven una nueva perspectiva para la educación nacional, basada en una reforma dirigida a ampliar la formación técnica para incrementar la competitividad de la fuerza de trabajo.
Según se indica en dicho documento, en la secundaria habría que ampliar la cantidad de colegios técnico/vocacionales, pero hacer también una reforma del currículum en los colegios académicos para darles mayor amplitud y contenido a las disciplinas de matemáticas y ciencias.
Esto no estaría mal; pero habría que ver qué se mantiene de las otras áreas y, especialmente, de la formación cultural. Sería necesario clarificar también pedagógicamente, cómo se va a llevar a cabo la enseñanza. No es todavía suficiente justificar la formación técnica, presuponiendo que eso es lo ideal para mejorar la competitividad de la fuerza de trabajo. ¿Y la sociabilidad y la cultura de las personas? Sin duda, aquí hay una cuestión de gran interés para las organizaciones magisteriales.
En la formación parauniversitaria y técnica superior, el INA es considerada la principal institución y se valora que desde su fundación ha cumplido bien con su papel. Sin embargo, también el INA ahora debe amplificar sus acciones de formación y de capacitación, para contribuir con el desarrollo de una mayor fuerza técnica de trabajo.
En materia de formación profesional universitaria -aquí vienen las indicaciones más delicadas para la universidad-, la propuesta toma como punto de partida la necesidad de que se limite la autonomía universitaria, ya que esta representa un obstáculo que no permite al Gobierno «influir enormemente el sistema» (p. 25).
¿En qué sentido influir? Según el documento, los gobiernos de turno tendrían que influir en la definición de la oferta académica, así como en el diseño pedagógico/didáctico del propio proceso de formación. El Gobierno debería tener a su disposición los respectivos instrumentos de evaluación y acreditación, que permitan garantizar la formación técnica “competitiva” que se busca. La formación integral pasaría así a convertirse en no otra cosa que pura obsolescencia.
No por casualidad, entonces, se argumenta que el SINAES ha sido insuficiente con las tareas que tiene a su cargo. Es necesario, sin embargo, puntualizar que la finalidad de la evaluación y acreditación del SINAES consiste fundamentalmente en procesos de autoevaluación con fines de mejora. Al SINAES no se le puede atribuir ninguna responsabilidad por lo que en el documento se denomina como la proliferación descontrolada de universidades privadas.
El SINAES otorga reconocimientos pero no castiga. Es una instancia que opera con base en la libre disposición de las instituciones para inscribirse en sus procesos de evaluación y acreditación. Siendo una entidad académica, el SINAES aporta instrumentos y estrategias para la mejora de la calidad y de la pertinencia de la formación universitaria, pero sus acciones no son coactivas ni coercitivas.
En su lugar, una instancia similar en manos del Gobierno -Perú o El Salvador- se transformaría en un instrumento de naturaleza político/administrativa, que operaría con criterios no necesariamente académicos, además de que tendría fundamentalmente finalidades de control punitivo.
Así, se puede decir que de lo que se trata es que el gobierno asuma la atribución de decidir quién puede o no impartir formación profesional, independientemente de que se trate de instituciones públicas o privadas. Tendría también la atribución de decidir la oferta académica y la propia perspectiva pedagógica bajo la cual esta se desarrollaría.
Asociado con lo anterior, desde luego, aparece también el tema del financiamiento para la educación superior.
La transformación de perspectiva que se propone es radical: otorgar presupuesto por resultados (resultados que estarían vinculados con las metas definidas en el marco de la instancia de evaluación y acreditación en manos del Gobierno), a lo que, además, se le suma la directriz de otorgar el financiamiento por proyectos.
Flexibilizar los mecanismos de financiamiento, según se plantea en el documento, lo que quiere decir es que todas las universidades, públicas y privadas, competirían mediante sus proyectos por los fondos estatales para la educación superior.
Así las cosas, en lo anterior pueden ser apreciadas las cuestiones centrales que permiten contar con una visión de conjunto, acerca de las tendencias en las que se cifra la posición de las autoridades de gobierno, en materia de financiamiento estatal para la educación superior pública. De lo que se trata es de un cambio sustancial de perspectiva y en el “modus operandi” de la política pública.
