Recientemente, en una conocida red social leí un comentario de un docente universitario que se declara «liberal», en el que criticaba el financiamiento a las universidades estatales y a la educación pública en general. Su argumento era que el financiamiento estatal de la educación, pero en especial el que se destina a la educación superior, no es una inversión sino un «gasto» para los contribuyentes que además perjudica «al sector productivo», entendiendo por “sector productivo” a los empresarios y a los trabajadores del sector privado, quienes al pagar impuestos serían los responsables últimos del presupuesto del Estado.
No es de mi interés referirme al tema de la producción de riqueza por parte del sector público (basta con darles un vistazo a las investigaciones realizadas por la UCR en ingeniería o biotecnología para darse cuenta de ella). Más bien me interesa referirme a la cuestión misma de la producción de la riqueza. A este respecto la pregunta que tendríamos que plantearnos es: ¿Cuál es el fin último de la producción de riqueza en una sociedad?
La producción de riqueza nunca puede ser un fin en sí mismo sino que debe ser un medio para alcanzar otros fines que conduzcan al bienestar de la sociedad como un todo y no solo al enriquecimiento de unos cuantos. De ahí la importancia de la inversión en salud y educación pública, así como en programas de erradicación de la pobreza.
Afortunadamente, a diferencia de otros países de la región, en la Costa Rica de los siglos XIX y XX algunos de nuestros dirigentes políticos entendieron eso. Gracias a ello hoy en día contamos con instituciones tales como la Caja, el INS, el INVU o el ICE, por citar solo algunas. Sin ellas hoy difícilmente seríamos el país con la esperanza de vida más alta de Latinoamérica, tendríamos la amplia cobertura eléctrica que tenemos o contaríamos con una institución tan prestigiosa como la UCR.
Hoy ciertamente nos enfrentamos a grandes amenazas. Vivimos en sociedades mediadas por la globalización económica y por demandas de consumo ilimitado que son insostenibles a largo plazo. Ante esas presiones externas, la prioridad de las políticas públicas no solo debe ser evitar la exclusión de los grupos más vulnerables sino además invertir en energías renovables y la protección del medio ambiente. En cualquier caso se requiere formar profesionales que no sólo posean un excelente nivel técnico sino que además cuenten con una sólida formación humanística.
En síntesis, la inversión pública en educación superior no solo debe mantenerse sino que debe ampliarse si aspiramos a vivir en un país en el que se valore la equidad y la preservación de la naturaleza, no en uno donde prime la ley del más fuerte y el sálvese quien pueda.
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