Toda obra humana modifica el ambiente, desde hacer una modesta casa de interés social a sembrar un frijolar, por lo que, al hacer un estudio de impacto ambiental, no se puede pretender cero afectación. Tales estudios se orientan entonces a  hacerlas de manera que no sean peligrosas ni dañinas.

Pero algunas de ellas, por su magnitud,  y por su múltiple incidencia  en el gran sistema nacional, e incluso internacional, deben analizarse también desde el ángulo del costo ambiental que tendría el NO hacerlas.

Tal es el caso del Proyecto Hidroeléctrico del Diquís, cuyo costo ambiental de NO HACERLO, es tan apabullante, que sobran todas las discusiones, y no cabe la menor duda de que hay que hacerlo. 

(I Parte)

Sin embargo, curiosamente, en todas las publicaciones que se han hecho, de mesas redondas y opiniones al respecto, se omite por completo considerar dicho aspecto decisivo.

De no realizarse este proyecto, los 3300 gigavatios hora que produciría anualmente, mediante la caída sobre las turbinas del agua represada, en forma totalmente limpia y sin producción de contaminantes, tendrían que ser sustituidos necesariamente mediante electricidad producida mediante  plantas térmicas que queman combustibles fósiles importados, con un alto costo económico, y que producen un altísimo nivel de contaminación.

Empecemos con su capacidad de represar grandes cantidades agua, a diferencia de las plantas que trabajan  a filo de agua, que se paran o menguan en la estación seca por falta de agua.

Dicha capacidad de represar una cantidad importante de agua es de gran importancia en una obra de generación  hidroeléctrica, porque permite contar con generación hídrica en todo el verano, o en cualquier eventualidad de escasez nacional por cualquier razón, sin que tengan que entrar a operar las plantas térmicas cuya electricidad es muy cara.

Tal función la cumplió por bastantes años, desde su entrada en operación la represa de Arenal, pero con el tiempo el consumo nacional sobrepasó en los períodos de escasez, su capacidad de almacenamiento, y fue necesario recurrir a la generación  térmica.

Sigamos con el gasto del diésel necesario mediante plantas térmicas. Se ocuparían cerca de 700 millones litros de diésel, lo que tiene un costo al precio de hoy de aproximadamente $650 millones anuales, inaguantable para una balanza de pagos seriamente en déficit. $650 millones, que de otra manera se ocuparían en importar bienes de capital que potenciarían el desarrollo de Costa Rica, se irían en humo a contaminar el ambiente.

Sin contar con que el petróleo tiene un impredecible costo en el futuro porque la tendencia futura es al alza, por su escasez y agotamiento.

Por otra parte, basta un conflicto político o militar en cualquiera de los grandes productores, para que su precio se dispare de los $80 por barril actuales, a $200 o más. Proporcionalmente ya ha ocurrido en el pasado con crisis de este tipo, con graves efectos en nuestra economía.

En cualquiera de los escenarios el precio sería incosteable, por lo que la ausencia de alternativa es evidente: o hay generación hidroeléctrica o no habrá generación eléctrica. Y si no hay electricidad el país se paraliza, y el daño es incalculable.

Pero, y esto es lo más grave desde un punto de vista estrictamente ambiental, la quema de la indicada cantidad de diésel, produciría la emisión a la atmósfera de 1.700.000 millones de toneladas de CO2 (bióxido de carbono), que es el principal contaminante con efecto invernadero, que ha desatado el cambio climático que amenaza a la humanidad en el futuro cercano.