Fiscalidad en la medida de la capacidad. Luis Guillermo Solís será el nuevo designado para llevar la carga política de uno de los mayores escollos de la vida política costarricense, como lo es la recaudación fiscal. En 2014 se conmemora el centenario del gobierno que impulsó la histórica reforma avivada por Alfredo González, aquella que mediante 5 leyes pretendía regular la situación de cobro, mediante la inserción de una nueva serie de impuestos, que a la postre devino en golpe de Estado y una posterior y efímera dictadura. Dicho esto es importante observar que la cuestión tributaria ha causado importantes puntos de inflexión en la historia y por lo tanto el costo de asumir este riesgo para los gobiernos claramente no es bajo. A modo de contextualización, cabe mencionar el fracaso de la administración saliente en la aplicación de un plan fiscal a principios de su mandato, por lo que en el cuatrienio se buscaron medidas alternativas o “planes b”, que buscaron atenuar la no aprobación del paquete tributario. En este sentido, el Ejecutivo logró la aprobación de dos proyectos clave, a saber: la Ley de Transparencia Fiscal, la Ley del Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, además de la puesta en oferta de bonos de deuda en el mercado internacional, los denominados “eurobonos”. Es bajo este panorama queel ministro designado en la cartera de Hacienda por el presidente electo, Helio Fallas Venegas, presidirá los esfuerzos por lograr implementar una agenda que resulte ser exitosa ante la presión de los cálculos del Banco Central, que pronostican un aumento en el déficit del gobierno central del 6% de la producción para finales de este año, y de un 6,4% para el 2015. Tomando en cuenta que el tema fiscal se encuentra en constante dialéctica con la legitimidad del régimen político, hacemos nuestras las palabras de Solís, quien enfatiza que el ciudadano “no tiene confianza de que haya una recaudación adecuada en los impuestos que ya existen y no tiene confianza de la plata que el Estado está recaudando se gaste bien, y tiene plena conciencia de que hay mucha corrupción”; así la fiscalidad que deviene en la distribución del poder, las metas de ciudadanía civil y social, y la estatalidad, la política del gobierno de Acción Ciudadana de aplazar la reforma hasta dos años avanzado el gobierno, recae en los siguientes desafíos: Partiendo de la gigantesca base de apoyo expresada por los electores en la segunda ronda en respaldo al plan de Acción Ciudadana, el gobierno debe concentrar sus esfuerzos en consolidar su proyecto de renovación ética y de anticorrupción, que permita evolucionar la percepción en la sociedad civil para con el régimen. Así también, tomando en cuenta que uno de los temas principales de la recién campaña electoral colindó en la paupérrima situación de la infraestructura vial, el nuevo gobierno –ceteris paribus– debe comenzar por dar rienda suelta a su llamado “plan rescate”, atendiendo de manera efectiva los apoyos y demandas más urgidos por el sistema, así, partiendo de la prórroga anunciada por el gobierno entrante pasados los dos años y con una supuesta base sólida de legitimidad, impulsar una reforma que progresivamente atienda la reducción de la desigualdad, la infraestructura pública, la evasión y la sostenibilidad de las finanzas mediante la reducción del déficit.
Son las anteriores consideraciones, los principales desafíos a concretar por el gobierno entrante; sin embargo, para hacer efectiva la puesta en práctica de un plan de desarrollo viable, no se deben descuidar los intereses sectarios que han rodeado la historia de la no aprobación de un régimen fiscal; por lo tanto, la negociación constante entre el gobierno y la que Solís llama “Coalición Informal” –aquella que va desde la clase preocupada por la renta mundial y la renta global, hasta los sectores de clase media baja que se verán castigados por el IVA– es insoslayable en la búsqueda de un nuevo pacto fiscal y social.
