“El Gobierno ha generado ante la población, de manera innecesaria, una imagen de secretismo y matrafulería que alimenta la ya nefasta e histórica desconfianza de la ciudadanía frente al Estado”.
Las decisiones del Poder Ejecutivo y el directorio legislativo para impedir el acceso a la información de los ciudadanos son eslabones adicionales en una cadena de salidas en falso que, sin necesidad, deterioran la imagen presidencial y dañan la credibilidad y legitimidad del Estado costarricense y de sus administradores temporales.
La Sala Constitucional de Costa Rica ha consolidado en las últimas dos décadas una sólida jurisprudencia en materia de acceso a la información pública que, en general, delimita con bastante precisión los ámbitos en los que debe haber total apertura y las situaciones excepcionales en las que se justifica la reserva.Recientemente hubo en esta materia dos decisiones desde el Poder Ejecutivo que fueron defendidas por el presidente Luis Guillermo Solís: la negativa a entregar la lista de personas que ingresan a la Casa Presidencial y el rechazo a proporcionar a la prensa la cantidad de personas privadas de libertad en las cárceles. Además, el directorio legislativo emitió una directriz para limitar y burocratizar la divulgación de información legislativa.
Como era de esperar, la Sala IV sentenció que tales disposiciones eran inconstitucionales. No solo la Carta Magna garantiza la libertad de petición y el acceso a oficinas gubernamentales con fines de obtener información de interés público, sino que también lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos , que además define de manera puntual las excepciones: “la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”.
En los tres casos era claro el interés público que existe para que esa información esté al alcance de la ciudadanía y cualquier abogado con criterio independiente podría haber advertido al Gobierno de que era difícil, o imposible, defender tales posiciones frente a la Sala Constitucional.
Pero aún más grave que el riesgo de perder una causa ante la Sala IV es el inmenso costo político que causan a la legitimidad de la administración Solís quienes han influido con torpeza para tomar esas decisiones que, además de innecesarias, contradicen la proclama del Presidente de máxima transparencia.
“Deseo que el gobierno –empezando por el propio despacho presidencial- funcione como una gran vitrina o ´casa de cristal´, que permita al ciudadano examinar y escrutar el desempeño de quienes administramos el Estado”, dijo el Presidente el pasado 8 de mayo.
El Gobierno de Luis Guillermo Solís llegó al poder con un apoyo inédito de sectores a menudo contradictorios entre sí y con desproporcionadas expectativas de cambio, difíciles de cumplir. Para mantener ese respaldo –que sería imprescindible para impulsar medidas impopulares, como nuevos impuestos—era necesario desde el primer día dar señales coherentes con las aspiraciones de cambio y mostrar logros inmediatos, o lo más pronto posible, en las áreas estratégicas para este Gobierno: reducción de la pobreza, combate de la corrupción y rescate de infraestructura y servicios públicos.
Aunque en esos campos haya habido avances, los primeros logros han sido opacados por problemas derivados de decisiones intrascendentes e inútiles, como limitaciones de acceso a la información, confusiones y escandaletes entre funcionarios o anuncios prematuros que luego deben ser corregidos o desmentidos. Además, el Gobierno ha generado ante la población, de manera innecesaria, una imagen de secretismo y matrafulería que alimenta la ya nefasta e histórica desconfianza de la ciudadanía frente al Estado.
El presidente Luis Guillermo Solís tiene razón parcialmente al quejarse del “acoso mediático” contra su Gobierno, con tergiversaciones o mentiras, pero es innegable que funcionarios gubernamentales han dado múltiples razones a la oposición y a los medios de comunicación para convertirse en blanco de sus críticas.
