Por el origen de sus ingresos, el personal administrativo del SEP se divide en tres categorías. Primero, al igual que en el resto de la Universidad, existe la categoría de funcionarios, que pueden estar en propiedad o interinos, dependiendo de las famosas cadenas de puestos y cuyos salarios provienen del presupuesto ordinario (aproximadamente un 25%). Por otra parte, existen otras dos categorías, ambas en condiciones interinas, pero cuyos salarios provienen de fondos distintos. Un 25% del presupuesto proviene del Fondo restringido 170 del SEP (fondo formado por la recaudación del 10-15% de los ingresos de los posgrados con financiamiento complementario y algunos excedentes) y el restante 50% depende de los Fondos restringidos de los diferentes programas de posgrado con financiamiento complementario.
Resulta evidente entonces, que los funcionarios que se encuentran nombrados con fondos externos son interinos de por vida o hasta que el presupuesto simplemente se termine. La estabilidad es un poco mayor en el caso de los nombramientos que provienen del Fondo 170, porque al ser este un fondo solidario, recoge un porcentaje de los recursos de todos los programas con financiamiento complementario y apoya al personal administrativo en todo el Sistema.
Otra gran limitante de esta dinámica presupuestaria es el hecho de que la partida de salarios administrativos que provienen del Fondo 170, absorbe más de un tercio de los recursos de este fondo, lo que restringe en gran medida las posibilidades de apoyar las diferentes actividades académicas y científicas de los programas y el desarrollo del Sistema de Posgrado que debería tener una Universidad como la nuestra.
También es claro que el presupuesto del Fondo 170 viene descendiendo cada año, debido a que los ingresos en la mayoría de los programas es cada vez menor por una disminución marcada en la demanda de las carreras (por causas multifactoriales que no vale la pena discutir aquí). Esta limitación provoca también que los excedentes de los programas sean escasos y esto repercute directamente en la recaudación de fondos del SEP, lo cual pone en riesgo el nombramiento de los funcionarios administrativos en un futuro cercano.
Una consecuencia negativa adicional para los programas de posgrado con financiamiento complementario que tienen presupuestos limitados, es el hecho de que se han visto muy presionados a aceptar estudiantes, muchas veces sacrificando los criterios de calidad de los candidatos admitidos. Este procedimiento es contraproducente ya que los estudiantes sin buenas bases o con capacidades limitadas terminan abandonando la carrera, afectando en gran medida a los programas. Aunque esta irregularidad se ha tratado de corregir, ha sido difícil, y ha resultado en que algunos programas no cumplan con el número mínimo requerido de estudiantes para ser medianamente sostenibles, lo que repercute en una mayor carga presupuestaria para el SEP.
La solución más obvia sería que algunas plazas administrativas se consolidaran, implicando que con el dinero liberado podrían crearse más plazas docentes de apoyo, lo cual disminuiría en gran medida la carga sobre algunas Unidades Académicas, en plazas docentes para posgrado. Además, los apoyos suministrados por el SEP para actividades académicas de los programas, se ajustarían más a la realidad de las solicitudes, y tal vez más importante aún, algunos funcionarios administrativos podrían tener la estabilidad laboral que merecen después de tantos años de trabajar en la U.
