La forma en la que la Decanatura de la Facultad de Derecho y algunos de sus colaboradores más cercanos han enfrentado la protesta estudiantil, recuerda el “memorándum del miedo”: estrategia de lucha ideada para combatir a los opositores del Tratado de Libro Comercio con Estados Unidos (TLC), con fundamento en la amenaza, el chantaje y la maquiavélica sentencia de que el fin justifica los medios. Jamás imaginé que en el claustro universitario, se conteste el reclamo estudiantil con el miedo y no la razón.
La protesta estudiantil se dio a causa del desorden en el inicio del curso lectivo: problemas con el nombramiento de profesores, la eliminación de horas asistente, la creación ilegal de áreas administrativas y la reintegración de la Comisión de Acreditación. Estos y otros problemas relacionados con la falta de respuesta a las gestiones de los estudiantes, la no rendición de cuentas y la falta de transparencia en la gestión administrativa desembocaron en los reclamos del 10 de abril, fecha que debería ser histórica en la comunidad universitaria, en tanto implique de forma sostenida el despertar estudiantil en la defensa respetuosa de sus derechos y la lucha por la excelencia académica.Como respuesta a la protesta estudiantil, algunos en la administración han recurrido a la inconstitucional y detestable estrategia del miedo utilizada con ocasión de la discusión del TLC, en el 2007. En ese memorándum, se utiliza la amenaza como instrumento del miedo de muchas formas, por ejemplo: el alcalde que no gana su cantón el 7 de octubre no va a recibir un cinco del gobierno en los próximos 5 años; el dirigente de Liberación Nacional, que no se mete de lleno se quema y al ciudadano sencillo que no vote a favor del SÍ, con la pérdida del empleo. Además, los autores del memorándum establecen que se debe actuar sin ningún pudor. Es urgente extender el círculo de la gente que se está jugando el pellejo en este referéndum… Es vital que entiendan que ellos van a salir directa y gravemente perjudicados.
Al igual que con el referéndum, que desde el poder se planeó una estrategia de acción fundada en el engaño, el miedo y el chantaje, en la Facultad, desde el poder se puso en marcha una estrategia muy parecida. Para ello, una profesora administrativa amenazó con levantar actas notariales de los estudiantes participantes en el movimiento y expulsarlos de la universidad. Otro profesor cercano a la decanatura, amenazó con acusar penalmente a algunos estudiantes –supongo que a los dirigentes− para que respondan por los delitos de injurias y amenazas agravadas. Hasta el propio Decano, que se supone debe actuar con la sabiduría de un buen líder, lo hemos visto no solo utilizar el recurso de la amenaza y el miedo a los tribunales de justicia, sino también, golpeando la mesa y gritando a los estudiantes reunidos en el Auditorio.
El miedo y el chantaje como instrumentos de la acción política o educativa son propios de los sistemas autoritarios. Esas tácticas son reprochables y condenables en cualquier sistema que se precie democrático; pero todavía más, si se hace en la alma máter: un lugar donde debe imperar la razón.
En el Estado de derecho, la protesta estudiantil no se criminaliza ni se usa el miedo para acallar la libertad de conciencia, de expresión, de reunión y de tránsito. En el marco de una sociedad democrática, respetuosa de los derechos humanos, esas libertades revisten un especial interés social y político.
Disentir es un acto irrenunciable de conciencia (Saramago). Por tanto, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, más que en cualquier otro lugar, debemos tener muy claro que el poder penal del Estado solo se utiliza como recurso de última ratio, para asegurar la paz social y no como simple mecanismo de control político, social o estudiantil.
