El papel de Costa Rica en la crisis del sistema interamericano

Obligaciones Internacionales: Sin embargo, existe también el contexto de las obligaciones Internacionales de los Estados miembros de la OEA, en las que Costa Rica

En la 42 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos celebrada en Bolivia en el año 2012, se evidenció un capítulo más de la crisis que ese organismo regional viene sufriendo desde hace décadas.En este evento, los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) plantearon un intenso debate sobre el fortalecimiento y reestructuración del organismo, en donde se cuestionaron los programas de financiamiento  que sostienen a la organización, así como de los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) que forma parte trascendental en la promoción y protección de estos derechos. El evento terminó con la decisión de Nicaragua, Bolivia, Ecuador y Venezuela de denunciar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), barajándose también la posibilidad de mover la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de Washington a San José o Buenos Aires. Ya en el año 1994, con ocasión de la votación para la elección del Secretario General en donde se eligió al expresidente colombiano César Gaviria, el candidato por Costa Rica para ocupar ese cargo, Bernd Niehaus, acusó a Washington de utilizar “presiones, instrumentos y argucias” para hacer que los países miembros cambiaran su voto, refiriéndose al giro en la decisión de Panamá que había comprometido su apoyo a Niehaus. Estas posiciones parecen ser consecuencia de la inconformidad por la falta de compromiso político de ciertos países en cuanto a su sometimiento a la jurisdicción de la Corte Interamericana y a la firma de los principales tratados de derechos humanos,  que sin embargo aparecen como los policías del mundo al exigir su cumplimiento a otras naciones generalmente opuestas ideológica o políticamente a sus intereses. En este contexto, Costa Rica juega un papel de suma importancia, en vista de su antigua tradición de respeto por los derechos humanos, pero además por la habilidad y reputación de sus diplomáticos que en eventos como la asamblea citada, tuvieron un papel central en la negociación de los acuerdos alcanzados que permitieron que la reunión no terminara en un rotundo fracaso.

Obligaciones Internacionales: Sin embargo, existe también el contexto de las obligaciones Internacionales de los Estados miembros de la OEA, en las que Costa Rica funestamente, contribuye con los detractores del Sistema y con la crisis planteada, al ser el sexto país más denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al seguir sin acatar la sentencia por el caso Artavia Murillo emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En efecto, la discutida debilidad del Sistema Interamericano y de la misma OEA para hacer cumplir sus resoluciones y sentencias se ve evidenciada en el caso conocido como Fecundación in Vitro, en el que parecen tener mayor peso las resoluciones con inspiración concordaticia de la Sala Constitucional y los criterios retrogradas de una minoría de la Asamblea Legislativa que pone en jaque la responsabilidad política y la histórica tradición que le hacen perder a Costa Rica el lugar privilegiado en la comunidad internacional, acercándose cada vez más al lugar que ocupan los países que gustan de exigir sin cumplir.

Pueblos Indígenas: En materia de derechos de pueblos indígenas, también Costa Rica queda debiendo a los compromisos internacionales a los que soberanamente se sometió, siendo el caso de la falta de aprobación de una ley consensuada con los pueblos que después de más de veinte años el Estado se niega a aprobar. También, el proceso de Consulta Previa, Libre e Informada en la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Diquis se ha visto manoseado por la Sala Constitucional, al haberse impuesto condiciones de tiempo para realizar la consulta, así como la continuación de las campañas de propaganda de ese proyecto por parte del Instituto Costarricense de Electricidad y la imposición de formas de organización en Asociaciones de Desarrollo extrañas al modelo indígena que evidencian violaciones al principio de libertad con que debe realizarse el proceso de consulta.

La política exterior de Costa Rica no gira exclusivamente sobre sus relaciones y conflictos con Nicaragua y los logros que se han alcanzado en disputas ante la Corte Internacional de Justicia se ven empañados por la relegada política internacional en derechos humanos, que solo contribuyen a agravar la crisis del Sistema Interamericano, por lo que se vuelve imperativo un giro en la política exterior de San José, comenzando con el pleno cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana como muestra de un voto a favor del fortalecimiento de los derechos humanos en el continente.

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