La prensa ha denunciado en días recientes cantidad de nuevos problemas en el sector turismo. Si bien, la visualización de una Costa Rica que se queda atrás frente a sus hermanos centroamericanos no es un tema nuevo, la voz de alerta de que el istmo se prepara cada vez mejor para atraer turismo y competir con nuestro país viene tomando fuerza desde hace varios años, sobre todo por el establecimiento de nueva legislación, de regímenes de incentivos, y por la oferta de alternativas diferentes como por ejemplo, ciudades coloniales, ruinas mayas, bosques inexplorados, y el propio canal de Panamá.
El panorama es aún más grave cuando nuestra verdadera ventaja competitiva con respecto a esas naciones ha entrado en desventaja. El turista viene a Costa Rica atraído por la fuerte campaña internacional, por ser un país verde, proteccionista de los recursos naturales, con frescas cascadas, bellas playas, imponentes volcanes, flora y fauna diversa presente en nuestros bosques y parques nacionales, así como por la estabilidad política.
Resulta lamentable y paradójico, y aunque se intente «invisibilizar», pero nuestra principal desventaja como país es que la defensa de nuestros recursos naturales ha venido deteriorándose y se ha acentuado la doble moral que en el campo ambiental se pregona. ¿Para qué campañas de promoción y participación en ferias científicas internacionales si en el país hacemos todo lo contrario, desgastando poco a poco nuestros recursos naturales y lucrando con nuestras áreas protegidas, cada vez más vulnerables? ¿Cuánto dinero de los US$1400 millones que dejó el turismo en el año 2004 fue a dar a nuestros parques nacionales con el objetivo de mejorar los servicios que estos prestan a los turistas?.
Han fallado terriblemente nuestras instituciones en salvaguardar nuestra herencia natural y de esto da cuenta la Contraloría General de la República, que producto de un estudio hecho en setiembre del año pasado en el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) determinó anomalías en la concesión de incentivos fiscales a algunas de nuestras empresas turísticas. Los datos aparecidos en la prensa señalan que entre 1996 y el año 2002 se entregaron cerca de ¢11.800 millones en subsidios.
Las razones fueron contundentes: ausencia de evaluaciones para medir los logros del otorgamiento de los incentivos fiscales, uso ilimitado de exoneraciones a la adquisición e importación de bienes por parte de los beneficiarios de contratos turísticos, concesión de beneficios a actividades que fueron excluidas mediante reforma legal desde 1992, la aplicación hasta 1998 del 100% de exoneración al arrendamiento de autos para la importación de vehículos cuando desde 1992 la Ley estableció el pago del 50%, así como exoneraciones de bienes no contemplados en la Ley. Además, evidenció el otorgamiento de contratos turísticos a las actividades de pesca deportiva y «rafting» a pesar de que éstas no han sido incluidas por la Ley dentro de las actividades fomentadas.
Ante la situación expuesta la Contraloría emitió disposiciones vinculantes a los Ministros de Hacienda y Turismo, a la Junta Directiva y a la Gerencia del ICT, así como a la Comisión Reguladora de Turismo, relacionadas con aspectos que van desde efectuar las inspecciones para determinar todos los proyectos con contrato turístico que ya iniciaron operación y proceder a la cancelación de esos contratos, hasta iniciar investigaciones administrativas, con el fin de determinar responsabilidades y sanciones.
Definitivamente, Costa Rica debe mejorar en infraestructura, pero si queremos que la «gallina de los huevos de oro» como representa para nuestro país el turismo, no continúe desfalleciendo, el ICT tiene que poner sus barbas en remojo y tratar de entender que esta actividad no solo la constituye la creciente inversión turística en varios sitios del país, (como puede verse en Tamarindo, Flamingo y Golfo de Papagayo que ha alcanzado en los últimos cinco años un monto cercano a los US$200 millones), sino que tiene que complementarse con reglas claras desde el punto de vista jurídico para no afectar la entrada de inversión extranjera.
El ICT debe comprender que Costa Rica es de los costarricenses, que el turismo requiere políticas claras e implementación de acciones integrales, donde la explotación del recurso turístico debe basarse en todas sus aristas, entre estas «la ambiental», y no solo en el ingreso de divisas a corto plazo, donde la mayoría de las ganancias queda en manos de unos pocos.
(*) Diputado Unión Patriótica.
