En arca abierta…

Nos hemos enterado del uso  de información falsa en las  anotaciones de pacientes para cobro de material en el Hospital Calderón Guardia. En palabras

Nos hemos enterado del uso  de información falsa en las  anotaciones de pacientes para cobro de material en el Hospital Calderón Guardia. En palabras de su Subdirectora  ha trascendido “… un intento de fraude con facturas por más de $2,3 millones en compras de equipo ortopédico supuestamente implantado a pacientes que hoy niegan haber sido operados o que ya habían muerto” (La Nación, digital consulta del 2-6-13). Les diríamos a quienes han participado en este desaguisado que “Los muertos que vos matasteis gozan de buena salud”.

En ese mismo hospital, se ha destapado lo que se venía haciendo con el trasiego de material e instrumentos para el trasplante de órganos; ese trasiego era hacia servicios privados bajo la más aberrante práctica clandestina. El Universal (Méx, 27-5-13) denunció la red ilícita que se montó en Costa Rica para el tráfico de órganos. Informaba de dos personas que vendieron uno de sus riñones por la suma de $6000. Turismo de trasplantes, calificaba a esta práctica realizada en Costa Rica. El caso está en la Fiscalía. ¿Cuántas víctimas y victimarios hay? Ya la Fiscalía lo ha de averiguar.

La seguridad social se basa en principios como la solidaridad, la equidad, la igualdad, la subsidiaridad por parte del Estado y la universalidad. A todas luces, estos ilícitos están en contra de todo principio. Se ha atentado contra los derechos humanos de las personas: el que aparezca alguien en una lista de espera para una cirugía y fraudulentamente se anote que ya ha sido operado, es una violación de su derecho a la salud y por ende a su derecho a la vida. El trasiego de órganos es una práctica criminal.

Este país ha hecho ingentes esfuerzos por contar con profesionales, tecnólogos y administrativos  muy bien preparados en los ámbitos de la salud. La CCSS ha invertido mucho dinero en capacitación y formación de su personal, tanto dentro como fuera del país, para que los servicios de salud puedan avanzar en materia de ciencia y de tecnología. Cientos de becas, seminarios, pasantías dentro y fuera del país, congresos y carreras de especialización son ejemplo de ello. Son esfuerzos que se hacen con recursos del Estado para ampliar las coberturas y desarrollar servicios de calidad. Por eso llama la atención que estos hechos, los cuales por supuesto deben probarse en los tribunales, los ejecuten personas  en quienes el país ha invertido en su preparación básica y profesional.

Quizá haya múltiples explicaciones de inicio para evaluar estas prácticas: que fallan los controles, que la corrupción está en todas partes, que la salud es un negocio, que hay faltas a la ética profesional, que en arca abierta hasta el justo peca, que el poder absoluto corrompe, que ya los ricos hasta pueden comprar a los pobres en pedazos (riñones, córneas, hígado…), que la conexión entre el ejercicio público y privado en forma simultánea puede llevar a esos riesgos, que la educación ha olvidado los valores al formar seres humanos preocupados por el tener y no por el ser; que la gente ingresa a laborar a la seguridad social sin ninguna formación en este campo y sin ninguna conciencia de su contribución al desarrollo del país…

Aquí podría plantearse el concepto de la dignidad de unos frente a los otros: de los que tienen el poder de la técnica, del conocimiento y del dinero, y de los que son víctimas del negocio que los primeros han montado, a espaldas de un sistema de seguridad social fundado en la solidaridad.

Sabato  escribió: “Al parecer, la dignidad de la vida humana no estaba prevista en la globalización. La angustia es lo único que ha alcanzado niveles nunca vistos” (Antes del fin, 1999).

 

 

 

 

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