Todos los costarricenses han sido testigos en las últimas décadas de un sinnúmero de delitos y estafas ocurridas en el país una y otra vez, lamentablemente desde diferentes esferas del poder, escandalizando a la nación entera e incluso al mundo, llamando principalmente la atención el fenómeno que conocemos hoy como corrupción institucionalizada, la cual en la actualidad se ha convertido en un hecho tolerado e incluso hasta aceptado por algunos sectores de la población.
Además por lo que informan la mayoría de denuncias hechas por algunos medios de comunicación, los involucrados van desde abogados, jueces de lo penal y fiscales corruptos, hasta algunos alcaldes que forman parte de esta red delictiva, que se ven tentados una y otra vez a aprovecharse de los portillos que tiene la ley para estafar al mismo Estado y a cualquiera que les pase por delante, ya sea nacional o extranjero, de diferentes maneras; entre ellas, una de las preferidas es la figura del delito de “Triangulación en la Estafa Procesal,” la cual es un hecho evidente en varias provincias del país, donde el flujo de capital foráneo ha desatado una sed insaciable de ambición.
De esta manera, estos colegiados incurren en ponerse de acuerdo entre ellos: juez, abogado y parte, para apropiarse de un bien ajeno o sacar algún provecho económico, induciendo a error al perjudicado.
Es una figura jurídica muy utilizada en casi todo el país, pero se denota en el último tiempo, principalmente en sectores donde radican una gran cantidad de extranjeros. Por ejemplo, en provincias como Guanacaste, Puntarenas y Limón, además de los cantones de Escazú, Santa Ana, Bagaces y Cañas, que no se libran de ser mencionados, pese a los grandes esfuerzos que realiza el Ministerio Público y que reiteradamente conocemos a través de la prensa, radio y televisión.
Pero aun así, la corrupción en Costa Rica parece que está ganando la partida, ya que la mayoría de las personas desconocen que cada vez más profesionales de esta área cruzan la frontera entre lo lícito e ilícito, mientras se escudan con cinismo en el conocido principio de presunción de inocencia (artículo 39 de la Constitución Política de Costa Rica).
Siendo esta simulación de hechos falsos el camino preferido para deformar y ocultar la verdad buscando obtener un beneficio patrimonial que, por lo tanto, es antijurídico y la forma ideal para este tipo de delincuentes de cuello blanco, de llevar a cabo sus estafas disfrazadas de legalidad, las cuales vemos cada vez más expuestas por la determinación de varios ciudadanos que se niegan a aceptar que en Costa Rica se les robe con semejante descaro.
A vista y paciencia de instituciones judiciales que, una y otra vez, pierden su credibilidad, al extremo de que incluso muchos de sus agremiados se convierten en cómplices de los delitos, al sumarse a la cadena de delincuentes que en este país, por lo visto, se profesionalizan para así comprender mejor el sistema judicial y apropiarse de lo ajeno con absoluta tranquilidad. Mientras, el resto de los costarricenses quedamos a merced de este tipo de hechos delictivos, que aquejan a nuestra sociedad.
Entonces debemos estar atentos, para que uno que otro delincuente que anda por ahí disfrazado de juez, abogado o fiscal, no se salga con la suya y se apropie de lo que no le pertenece, con la ayuda de algunos alcaldes que no tienen ninguna moral y menos ética.
Además quiero hacer un llamado a las autoridades del Poder Judicial, para que fortalezcan su lucha frente a este tipo de malhechores que debieran estar tras las rejas, sin importar que cargo ostenten o como se llamen, ya que en Costa Rica la corrupción se está convirtiendo en una actividad cada vez más frecuente…
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