Costa Rica es un país con alto interés educativo y una inversión económica significativa para este propósito, hasta el punto que nos hemos convencido que nuestro sistema educativo es un ejemplo del sistema democrático vigente del cual nos sentimos orgullosos y orgullosas.
Sin embargo, las contradicciones de la educación actual no sólo son abundantes, sino que cuestionan el tipo de democracia que la ha inspirado.
No es difícil demostrar que persisten notorias desigualdades en las posibilidades de acceso a la educación, en la plena participación en el sistema y el éxito en ese mismo proceso. Es impresionante que de cada 100 niños y niñas que ingresan al primer grado, seis años después, sólo 77 se matriculan en el sexto grado.
Nueve años después, de esos mismos estudiantes sólo 51 se puedan matricular en noveno año y, once años después, sólo 30 de ellos se matriculan en el undécimo. Es decir, en el transcurso de once años ha habido una “deserción” –o quizá sea más justo decir, una “expulsión” o una “exclusión” también provocada por el sistema educativo vigente. Ese 70% de excluidos y excluidas, que se unen a quienes sufren de envejecimiento estudiantil en primaria y secundaria por causa de la indeseable repetición escolar.
Ello pone en evidencia el grave deterioro, la desarticulación, la ineficiencia y la poca pertinencia del sistema educativo y de los esfuerzos que se hacen, o se han hecho, si es que realmente ha interesado el problema.
Parece obvio que la desigualdad del sistema educativo se da en el contexto del sistema social que, para los que nos sentimos orgullosos de nuestro pueblo, corresponde al sistema democrático que para muchos ya tiene más de cien años. Ya no es posible ignorar o silenciar la relación exclusión y desigualdad que ha mantenido, y aún mantiene, con el contexto económico, étnico, social, geográfico, de género y familiar.
La pobreza, la clase social, la zona rural o fronteriza, el sexo, el ser miembro de una familia donde los progenitores y progenitoras tienen diferente nivel educativo o el ser indígena, son elementos que conforman el telón de fondo del sistema educativo que se vive. La “Esperanza de vida educativa” es menor en la medida en que se pertenece a los sectores sociales en condición de pobreza o que sufren algún tipo de discriminación.
Nuestra “calidad educativa” impacta, de modo diferenciado, a los más vulnerables, háblese del acceso, de continuidad de estudios o de resultados del aprendizaje. El currículo no está diseñado en correspondencia con las necesidades e intereses de estas poblaciones, no ha tomado en cuenta la migración que afecta la mano de obra necesaria para las cosechas, la construcción y los empleos que hemos dejado para que otros los hagan.
Pero no estamos solos en este problema, somos parte de un sistema que va más allá de nuestras fronteras, somos parte de un sistema global. En el 2000, la Comisión Internacional sobre Educación y Competitividad Económica en América Latina planteó que las desigualdades abundan en todos nuestros sistemas educativos y que, en lugar de reducir la desigualdad de los ingresos, en muchos países, la educación podría estar contribuyendo a aumentarla. En dicho informe se indica que el 10% más rico de las personas de 25 años de edad tiene entre 5 y 8 años más de escolaridad que el 30 más pobre y que, en las zonas rurales, la situación es más grave.
En el año 2000, el Banco Interamericano de Desarrollo, sustentado en las Encuestas de Hogares del Ministerio de Planificación y Política Económica, estableció que el promedio de escolaridad en las personas de menores ingresos era de 4.08 años y para las de mayores ingresos, el promedio de escolaridad se dispara a 11.53 años de escolaridad. La situación no parece tener signos de cambio en nuestro país, ya que la desigualdad social se ha incrementado en los últimos años.
Nos preguntamos: ¿Qué se está haciendo para resolver este problema? Somos optimistas, la respuesta la tendrán los que se ocupan de la política educativa, los que forman educadores, los que creemos en la democracia, los padres de familia y los que trabajan en educación. Ya es hora de poner este problema en la agenda nacional y darle la prioridad que se merece.
