EL derecho a la salud es un bien sumamente preciado en nuestro país, al punto de ser un eje de la reforma constitucional de los años 40 y el fundamento de lo que se ha dado en llamar “Estado Social de Derecho”, tipo de institucionalidad democrática que conjuga armónicamente componentes liberales y sociales. Lo que esto significa simplemente es que la salud es un asunto de todos, una cuestión estatal, un tema institucional, lo que sin duda se apreciará debidamente en la vejez o en el infortunio.
Costa Rica es un Estado solidario en materia de salud. Esto es una tenencia universal que asumimos tempranamente. El nivel de salud forma parte de la calidad de vida y a mayor nivel de desarrollo mayor compromiso social. La sociedad efectivamente debe responder a las modernas y nuevas realidades. Costa Rica ya no es una sociedad agraria ni atrasada.Las nuevas realidades sociales demandan respuestas conformes. Los costarricenses ya no sólo demandan “vacunas”, pues las necesidades de salud son más complejas y dentro de ellas están las discapacidades asociadas con la época moderna: muchas parejas atrasan su decisión de formar familias y de tener hijos para el momento posterior a la obtención del título profesional, y a la espera de trabajo consolidado, que permita enfrentar de mejor manera el anhelo de tener una familia que goce de un adecuado nivel de vida y de altos índices de prosperidad. Sin embargo, paradójicamente, la postergación atenta contra el anhelo e ideal de tener familia e hijos, pues con la edad la ventana biológica se cierra para las mujeres, siendo que “a mayor edad menor fertilidad”.
El derecho a formar una familia tiene, en el caso de personas infértiles, un vínculo estrecho con el derecho a la salud, ya que esta última refiere, según la Organización Mundial de la Salud, a “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedades o dolencias”, siendo que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social”. Esta definición de salud, abarca y comprende la salud reproductiva, que se define como el conjunto de métodos, técnicas y servicios, que contribuyen a la salud y al bienestar reproductivo.
El derecho a la salud reproductiva está relacionada con la dignidad de las personas, quienes deben tener una vida segura y satisfactoria, que implique la capacidad de tener hijos y la libertad de decidir si quieren tenerlos, cuándo y en qué circunstancias. Toda persona tiene derecho a estar informada y tener acceso a métodos de fertilidad seguros, eficaces y asequibles, así como a disponer de acceso a tecnologías que permitan disfrutar plenamente del derecho a una salud reproductiva completa.
Problema capital del derecho a la salud hoy en día es el de la “infertilidad”: se presenta cuando la pareja no puede procrear, luego de un año de mantener relaciones sexuales con regularidad, sin uso de anticonceptivos. Algunas estadísticas ubican este flagelo en un 12% de las parejas en edad reproductiva (entre los 15 y los 49 años). En nuestro país, aproximadamente un 50% de la población se sitúa en este rango de edad.
Desde el punto de vista jurídico, interpretamos el derecho a la salud como una consecuencia del derecho a la vida, previsto en el artículo 21 Constitucional. Por identidad de razón entendemos que tal derecho a la salud se encuentra inserto y se deduce de los artículos 4, y 5.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), pues “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica o moral”.
Hacemos entonces un llamado a los diputados, para que en la discusión que hoy tienen entre manos sobre la FIV y sobre infertilidad, prevalezcan las consideraciones y argumentos relacionados con la salud y el derecho a la salud, por sobre consideraciones de todo otro tipo.
