Desde hace años, un grupo de esforzados educadores recorren los pasillos de la Asamblea Legislativa en pos de una ley que les permita retornar al sistema de jubilación del Magisterio Nacional. Como algunos recordarán, el gobierno de José María Figueres les impuso a los educadores la ley 7531 que reformó la ley 7268 (represión incluida, entiéndase una cobarde golpiza a educadores de secundaria y universitaria). En esa reforma participó, como Presidente de la Asamblea Legislativa, el célebre Antonio Álvarez Desanti, actual diputado del Partido Liberación Nacional. Pero, ¿cuál es el problema de fondo? Simplemente a ese grupo de educadores, que representan unas 3.500 familias, se les asustó diciéndoles que su sistema de pensiones estaba quebrado; la Caja Costarricense del Seguro Social les garantizaría una pensión digna; cotizarían menos a diferencia de los que se quedaban en la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional. Sin embargo, omitieron indicar que se pensionarían a los 65 años, excepto si alcanzan el número mágico de 462 cuotas con 61 años.
¿Qué hacen esos cuantos educadores? Tocan las puertas de cada diputado, sean católicos o ateos, de izquierda o derecha, conservadores o liberales. Saben cuáles son los trucos de cada diputado para interrumpir las sesiones; se ausentan del plenario cuando dicen sí pero es no. Gastan sus zapatos en “lobby”, corren a la banca de las comisiones plenaria para que los asesores no copen la primera fila y los dejen afuera. Lo paradójico de este juego político es que si el actual gobierno del PAC, en la Asamblea anterior, apoyaba una reforma para que los educadores, previo pago de las cuotas, regresaran al sistema de pensiones del Magisterio Nacional, hoy, en el gobierno, dice que no. Y el Partido Liberación Nacional que se opuso a cualquier reforma, hoy dice que sí.
¿Qué se puede hacer en estas condiciones cuando la economía pareciera ir hacia el Norte y resulta que va hacia el Sur? ¿Qué expectativas pueden tener los educadores con un gobierno que se parece cada día más a sus antecesores? Si el asunto fiscal es una buena excusa para seguir bloqueando cualquier iniciativa que presente algún diputado(a) que simpatice con el tesón de los educadores, lo cierto es que no han leído los números que representa el posible pago de las cuotas que tendrán que desembolsar los educadores (15 o 20 millones). En este balance, hay que pensar en el costo de las incapacidades que cada año aumenta en la población de futuros jubilados. Así, ¿qué le sirve al empleador-MEP, si las incapacidades se duplican o triplican en una misma plaza?
Algunos suponen que el derecho a la jubilación es una regalía del Estado, una concesión alegre o simpática de un partido. La jubilación es un derecho fundamental, una tutela constitucional (véase el artículo 53, 73 y 74 de la Constitución Política) que tiene que ver con la seguridad social del individuo y la familia y, sobre todo, con la dignidad del ser humano. Así lo ha comprendido el Departamento de Pensiones de APSE y trabaja en la línea del marco jurídico que regula las pensiones para develar las contradicciones, vicios de nulidad y otros aspectos jurídicos. Como lo ha dicho el representante de ese Departamento, paso a paso, hasta consolidar el proceso y ejercer la defensa en las instancias que correspondan para lograr el retorno de los jubilados al Magisterio Nacional. Al final de esa ruta, esperamos, con marcado entusiasmo, que el gallo y la gallina ciegos encuentren los pilots, las tizas y la construcción del conocimiento.
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