No es novedad que las TIC y las buenas prácticas y políticas de Gobierno Electrónico (E-Gob) son herramientas que facilitan a la Administración Pública a dar una mejor atención a los ciudadanos, a realizar una gestión más eficiente -sin restricciones de horario y distancia-, y a implementar procesos de transparencia y participación ciudadana; sin embargo, funcionarios públicos con poca visión y deficiencias en la dirección estratégica, presupuesto, marco jurídico y políticas públicas concretas, como principales resistencias al cambio, hacen que cualquier iniciativa tenga mil y un obstáculos.
En el caso de Costa Rica, coincidimos con el Informe Anual 2013 de Prosic, cuando se indica que el E-Gob no ha sido un tema en la agenda pública nacional, y pareciera estar relegada a buenas intenciones y a vacíos presupuestarios para implementarla como política de Estado. Pese a lo anterior, aquí es importante reconocer que los avances que se han logrado son gracias a los buenos oficios e iniciativas de la Secretaria Técnica de Gobierno Digital (STGD), una dependencia del ICE con limitaciones presupuestarias.Es nuestro sentir que, aprovechando los vientos de cambio, este es el momento oportuno para que el actual Gobierno replantee las políticas de E-Gob, con la finalidad de fortalecer los proyectos que se han venido ejecutando de forma exitosa y se generen nuevas propuestas que busquen mejorar la relación de la Administración Pública con los ciudadanos y las empresas.
Previo a lo anterior, consideramos que se debe solucionar, en primer plano, el problema institucional de la STGD: se queda en el ICE, que no parece ser una opción viable, o se transforma en una agencia adscrita al Micit o al CTO del Gobierno –oficina que se debe crear y que es parte de la modernización que requiere el Gobierno-, con funciones más amplias y específicas, entre ellas la de dictar políticas públicas y estrategias, y ejecutar proyectos en materia de E-Gob; segundo, se le debe asignar un presupuesto robusto para su sostenibilidad y la de sus proyectos e iniciativas; y tercero, se debe replantear actual el Plan de E-Gob, buscando integración y que se convierta en un “proyecto país”.
También creemos que los jerarcas del Gobierno deben tomar conciencia de que el Estado es el principal proveedor de recursos financieros para estos proyectos, a pesar de que puede recurrir a alianzas público-privadas como mecanismo de financiación, pero no pueden depender totalmente de ellas.
Aquí insistimos en estos ajustes y en que finalmente tengamos una hoja de ruta clara, pues nuestro país no puede darse el lujo de seguir postergando la implementación de un Plan de E-Gob, máxime que se está tratando de que la Administración Pública sea más eficiente y transparente, y de propiciar un ambiente más atractivo para la inversión local y extranjera. Creemos que para lograr lo anterior, se requiere un plan estratégico que se base en los siguientes pilares: liderazgo, visión unificada, cooperación, coparticipación de responsabilidades, capacitación, y quizá el ingrediente más importante: la VOLUNTAD.
Si logramos ordenar la casa primero, y luego avanzar a pasos firmes por la ruta trazada, creemos que en un corto plazo podríamos gozar de una infinidad de ventajas, que ciudadanos y empresas de otros países gozan desde hace más de una década, y que implicarían el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y de la competitividad de las empresas, y que la Administración Pública sea más transparente y eficiente, con menos recursos públicos.
Si logramos poner en marcha el Plan de E-Gob y nos aseguramos que todas las municipalidades e instituciones públicas formen parte del proyecto de E-Gob, podríamos ver importantes resultados, pero ocupamos que el actual Gobierno comience a tomar decisiones para que la “casa de cristal” cuente con los recursos tecnológicos, y se convierta en una “casa moderna, eficiente e inteligente”.
