“El desarrollo de los pueblos debe ser de todos y para todos, debe tener como eje central al ser humano. Es decir, indubitablemente, el verdadero desarrollo debe ser inclusivo, verde y sostenible.”
En momentos en que la tesis de libre mercado campea en el horizonte, es también el momento para preguntarnos cuál debe ser el papel del Estado en la economía, sobre todo si estamos hablando de un Estado social de derecho como conceptúa el artículo 50 de nuestra Constitución Política al Estado costarricense.
Los modelos económicos más conocidos son la economía capitalista y la socialista. La primera ha requerido de una necesaria intervención estatal, pues la experiencia ha demostrado que el capitalismo puro, o el liberalismo salvaje, termina por perseguir sus propios fines buscando el individualismo y con ello el beneficio particular, eliminando el estimulo hacia la consecución de fines comunes.
La mano invisible del mercado no resulta ser tan invisible, todo lo contrario, ésta resulta ser manipulada por quienes más se benefician del libre mercado. No es cierto que el goteo va a solventar las necesidades de los más vulnerables, tal goteo no es verdadero y de ser posible no son más que limosnas, incapaces de satisfacer a los más desposeídos.
La segunda, o sea la economía socialista se basa en un sistema de economía de dirección central, bajo un régimen de precios controlados y remuneraciones tasadas, ello sobre la base de la propiedad colectiva de los medios de producción.
En el caso de los Estados Sociales de Derecho, se implanta un sistema de economía mixta o economía social de mercado, la figura del Estado es interventora, es dinámica, es el antónimo del Estado Gerdaime, de los liberales, pues para éstos, el Estado debe de ser sancionado cuando interviene más allá de controlar el orden y mantener la paz.
Por otro lado, el Estado Social de derecho debe de ser sancionado cuando no interviene socialmente. Los ciudadanos tienen el derecho de demandar la intervención social del Estado, a tal punto que, de no hacerlo, hace incurrir al mismo en responsabilidades de omisión.
El Estado social de derecho es un remedio contra la supuesta bondad de la mano invisible del mercado. Es un Estado que busca la consecución de los fines comunes, de las necesidades más colectivas, así como del apoyo económico y social activo de los sectores más vulnerables socialmente.
Enoch Rovira, en su artículo La Constitución Económica de 1978, publicado en la Revista Española de Derecho Constitucional, hace mención que lo que busca la intervención estatal en la economía es evitar las consecuencias negativas que puede traer La mano invisible del mercado.
Una economía que se base en la mano invisible del mercado es una economía que, por sí sola no beneficia a los sectores más desposeídos.
Por ello, dejar que sea ésta, el canon de giro de la economía puede suscitar el desaparecimiento de los sectores más vulnerables.
De la misma manera, Fernando Castillo en su obra Elementos Económicos en la Constitución Política, reafirma la responsabilidad que le corresponde al Estado Social de Derecho, en la realización de una política de mantenimiento y desarrollo del bienestar de la colectividad y de la protección de las clases más desvalidas.
Sobre el mismo sentido se afirma que muchas veces en la sociedad, la generación de riqueza, así como su distribución, son obstaculizadas por la existencia de estructuras económicas anacrónicas que impiden el uso racional óptimo de los recursos.
Ante tales situaciones, no existe otra alternativa que cambiar esas estructuras, por medio de la acción directa del Estado en la propiedad sobre los medios de producción, con el fin de crear estructuras nuevas que permitan el aumento de la producción y la productividad y posibiliten, de esa forma, la distribución de la riqueza, tal y como lo manda el precepto constitucional; por ello, un objetivo prioritario de la acción del gobierno es el logro de una mayor justicia social, mediante un acertado proceso de distribución del ingreso.
En síntesis, la participación del Estado en la economía, nunca más que hoy, se justifica a efecto de orientar un verdadero desarrollo, de todos y para todos, que tenga como eje central al ser humano. Es decir un desarrollo inclusivo, verde y sostenible.
