“Si se quiere volver miserable a un pueblo, hacerlo desdichado, robarle cualquier ilusión, entonces nada mejor que entregárselo a los sectarios fundamentalistas”. Francisco Rodríguez. “La obsesión del asco”, 2015.
Algunos sectores religiosos conservadores y fundamentalistas contemporáneos se han “recatolizado” al peor estilo de los tiempos de la inquisición. Sí, no descansan en cerrar los espacios para que las personas del mismo sexo puedan formalizar jurídicamente una convivencia digna –llámese matrimonio, sociedad de convivencia, unión civil…, el nombre es un formalismo–, que garantice los mismos derechos que tienen las parejas heterosexuales, como corresponde atendiendo al precepto constitucional de trato igualitario y no discriminatorio por razón de preferencia sexual (Artículo 33 de la Constitución Política y Sentencia 872411 de la Sala IV).
Los teólogos brasileños utilizaron el concepto de “inquisición sin hogueras”, para referirse a la persecución, marginación, descalificación y a los procesos disciplinarios a que fueron sometidos líderes religiosos de visión progresista, en la década de 1970, por parte de las jerarquías conservadoras. Aunque se trataba de una forma de violencia simbólica y psicológica de carácter religiosa, quienes la padecieron, en no pocos casos, sufrieron las consecuencias de la marginación social y política, al ser estereotipados como “subversivos” y “comunistas”. Incluso, muchos de ellos, tanto en Suramérica como en Centroamérica, se convirtieron en víctimas de los regímenes dictatoriales represivos.
La violencia simbólica y psicológica, aun cuando no derive en violencia física represiva, tiene efectos psicosomáticos y sociales igualmente perniciosos, que afectan la dignidad y la calidad de vida de las personas. Por eso, hay que hacer esfuerzos para prevenirla y contenerla. Y ahora le toca la responsabilidad a la Asamblea Legislativa, de aprobar los proyectos de ley que contribuyan a restituir derechos fundamentales a nuestra ciudadanía y, de esta manera, evitar que continúe siendo objeto de violencia.
Sin embargo, algunos disputados en forma sutil −más bien cínica− postergan la consideración de proyectos de ley, como el de uniones de personas del mismo sexo y fertilización in vitro, aduciendo que no son prioridad; obviamente para ellos. Mientras tanto, que las parejas convivan al margen de la ley y que el Estado actúe a contrapelo de la ley ¿Dónde están, entonces, los garantes del Estado de Derecho costarricense? ¿Acaso se han convertido en los nuevos “inquisidores”, al negarle derechos humanos fundamentales a un amplio sector de costarricenses?
Consideramos que hay reservas éticas y espirituales entre las señoras y señores diputados, como para enderezar el rumbo y hacer valer la ley y el derecho; asimismo, el precepto cristiano del trato digno y amoroso al prójimo. Además, arrastramos una valiosa herencia de diálogo y concertación que nos deparó una legislación social a la altura de los tiempos. Hemos ostentado un lugar importante entre las naciones promotoras y defensoras de los derechos humanos. Haríamos caso omiso de esa herencia, si ahora permitimos que la intolerancia y la discriminación se institucionalicen.
En este aspecto, como en tantos otros, el país tiene que colocarse del lado del progreso humano con dignidad. Para estar a la altura de los tiempos, nos toca ahora levantar la bandera del respeto a las “diferencias sin indiferencia” (Bauman).
0 comments