La señora Silvia Castro (Foro La Nación, 27/5/2009), rectora de la ULACIT, señala que “la educación ofrecida por las universidades públicas le cuesta al Estado seis veces más de lo que cuesta en las universidades privadas más caras del país”.
Tal afirmación la fundamenta en una comparación del costo promedio anual por estudiante, el cual ascendería a unos 8.000 dólares en las públicas y a unos 1.285 dólares en las privadas (según el tipo de cambio actual). Sus cálculos, sin embargo, presentan varios problemas.
Ante todo, al estimar el costo correspondiente a las universidades privadas, doña Silvia excluye los datos de las carreras más caras y de los posgrados, así como otros derechos que deben pagar los estudiantes. Si esa información se incluyera, es muy probable que el costo ascendiera a unos 2.000 dólares al año y que, en algunos casos, superase esa cifra.
Igualmente, al calcular el costo respectivo de las universidades públicas, doña Silvia consideró únicamente los estudiantes de la UCR. Al incluir a los alumnos de la UNA, el ITCR y la UNED, el promedio baja a alrededor de 3.500 dólares al año.
Se dirá que aún el costo en las universidades públicas es más alto; sin embargo, esto implicaría obviar que esos costos no son comparables.
En efecto, en las privadas ese costo cubre casi exclusivamente docencia, administración y pago de utilidades. En las públicas, donde no hay pago de utilidades, dicho costo incluye, además de docencia y administración, una importantísima inversión en desarrollo académico (investigación, formación de profesores, bibliotecas, laboratorios, publicaciones, becas y acción social).
Considerado lo anterior, se puede volver a preguntar: ¿cuáles universidades le cuestan más a la sociedad costarricense y cuáles le aportan más?
Me alegra que doña Silvia resalte el carácter empresarial de las universidades privadas y que insista en presentarlas como empresas. Las universidades públicas, en cambio, son instituciones. Tal diferencia no debe ser pasada por alto porque, pese a que ambas se denominan “universidades”, el término supone contenidos muy diferentes.
En las privadas, la experiencia universitaria se reduce a obtener un título en el menor tiempo posible y con los requerimientos formales mínimos; en las públicas, esa experiencia va mucho más allá de la docencia y la titulación.
Ahora bien, en cuanto a estos dos últimos aspectos, la escasa información disponible sobre las privadas no permite realizar comparaciones sistemáticas más allá del número de diplomas otorgados. De las públicas se sabe que más del 90 por ciento de sus graduados tiene empleo; ¿a cuánto asciende esta proporción en los graduados de las privadas?
De acuerdo con lo sugerido por doña Silvia, la inversión en investigación, en becas para los estudiantes de bajos recursos y en extensión o acción social, equivaldría a beneficencia. Tal perspectiva es un indicador del grado en el cual las universidades privadas costarricenses carecen de rumbo. Sin inversión en desarrollo académico, en los términos indicados anteriormente, no puede haber universidad.
Destaca doña Silvia que, en las universidades públicas, “sólo el 25 % de los alumnos se gradúa en un plazo promedio de seis años”. Sería interesante hacer una comparación al respecto con las universidades privadas; pero, de nuevo, eso no es posible porque, como lo señala el segundo informe del Estado de la Educación, “solo las universidades estatales han publicado estudios en torno a este tópico”.
Investigar aspectos críticos de su propio desarrollo y darlos a conocer a la sociedad costarricense es una tarea permanente en las universidades públicas, cuyo compromiso con la transparencia está ausente en las privadas. Así, mientras las públicas rinden cuentas e informan de sus logros y limitaciones, las privadas pagan publicidad para convencer a sus potenciales clientes de que son las mejores universidades del mundo.
En razón de la diferencia precedente, se entiende que doña Silvia, en un nuevo artículo (Foro La Nación, 1/6/2009), insista en que “no veo el propósito de distinguir entre instituciones públicas y privadas”, un punto de vista que contradice su énfasis previo en la índole empresarial de las universidades privadas.
Tampoco sorprende que don Henry Rodríguez, Rector de la Universidad Interamericana (Foro La Nación, 8/6/2009) se identifique con lo planteado por doña Silvia, al proponer que, en vez de “discutir sobre la actual dicotomía universidades públicas y privadas, debemos conversar el mismo lenguaje de calidad en la educación superior”.
¿Será posible que la universidad como institución y la universidad como empresa hablen un mismo lenguaje?
Quizá, pero no se puede alcanzar tan importante meta mientras se deje de lado lo que las diferencia y se excluya de la conversación un tema clave: ¿a cuánto ascienden los ingresos de las universidades privadas, cómo los distribuyen y cuánto invierten en desarrollo académico?
Responder a esas preguntas es fundamental para determinar cuán universitarias son las universidades privadas y para conocer mejor la calidad de una proporción creciente del “capital humano” con el que Costa Rica pretende alcanzar el desarrollo en el siglo XXI.
