Judicialización de la política y politización de la justicia

Este ha sido un tema bastante tratado por medios de prensa escrita y el sector académico. En esta opinión se pretende rescatar

Este ha sido un tema bastante tratado por medios de prensa escrita y el sector académico. En esta opinión se pretende rescatar algunas ideas que permitan encauzar desde otra perspectiva el abordaje que se le ha dado al tema. Un punto medular en la discusión es una posible intromisión del ámbito político en el jurisdiccional, conocido como politización de la justicia. Esto ocasionado por el nombramiento de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que son electos por la Asamblea Legislativa después de un procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico.

El nombramiento se hace por un caudal jurídico, en un órgano político y para una función que eventualmente tendrá repercusiones políticas. No existen razones para comprometer la independencia del juez que es el aspecto cuestionado en el fondo. Se debe recordar que el juez tiene su propia ideología e incluso esta se ve limitada por la ideología que tenga el texto que interpreta o aplica. Pensar diferente es poner tintes de corrupción que no corresponden a los temas que se pretenden comentar, básicamente es otra temática que no deja de ser ajena al Poder Judicial.

Por ello, asegurar que la justicia se politiza por esto carece de sentido. Peor aún, existen algunos intentos de solución que sí llevan la elección de magistrados a un sector político puro y duro por excelencia. Por ejemplo, la elección popular de determinado número de magistrados. ¿Podrá existir algo más político que una elección de este tipo? Esto se presta para que afloren personajes con un buen manejo del público y posiblemente mal manejo técnico jurídico, lo que a todas luces es poco deseable.

Otro aspecto para considerar es que siempre existirán decisiones con repercusiones políticas provenientes de los órganos jurisdiccionales. Esto los jueces están obligados a contemplarlo en su análisis para dictar un fallo. Más aun cuando son temas de índole política llevados ante los jueces para que resuelvan. Esto es lo que conocemos como judicialización de la política. Y sucede porque llegan a estrados judiciales por medio de los propios políticos y porque existen los mecanismos en la ley para que así sea efectuado.

La primera razón en nuestro país se muestra en una aparente incapacidad de negociación. Potencializada por un mosaico de actores políticos con poder de veto que ha ocasionado una renuncia a la discusión y al diálogo, el cual es difícil en este contexto. Prefiriendo zanjar diversos temas en sede jurisdiccional, lo que no es malo, pues permite someter a un examen previo en el marco del Derecho de la Constitución diferentes proyectos pero no conviene sustituir la palestra política por la jurisdiccional, esta debe ser un último recurso. El segundo aspecto refiere claramente a la consulta facultativa a la Sala Constitucional con la que cuenta el parlamento que es el instrumento utilizado para llevar a cabo lo que muchos mal llaman judicialización de la política. Siendo esto cumplir con el trabajo otorgado por los mismos políticos o la sociedad civil cuando acude a la propia Sala, con lo que se acentúa el rol de actor político de este órgano constitucional.

Para concluir quisiera dejar una idea que muchas veces tengo al enfrentarme con este tipo de temas y es que la técnica jurídica debe entenderse como un encauce para lo político, en apego a los ideales de un Estado de Derecho. Existe una pretensión de disociar lo político y lo jurídico que no es factible e incluso resulta peligroso. Partiendo de lo anterior se me ocurren dos preguntas fundamentales: ¿Es diferente la lógica jurídica a la lógica política? ¿La técnica jurídica es mala para la lógica política? Sin duda se deben buscar respuestas satisfactorias a la luz de un Estado Social y Democrático de Derecho como el costarricense.

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