El momento actual conlleva grandes retos para el Estado de derecho. Vivimos una sociedad globalizada y altamente tecnificada, en la que las formas de intercambio y participación ciudadana han adquirido dimensiones completamente distintas a las experimentadas en las décadas anteriores.
Quienes la componen demandan servicios públicos eficaces y eficientes, exigen una maximización en el aprovechamiento de los recursos oficiales, claman por un Estado capaz de adaptarse a nuevos roles que permitan la generación de riqueza, así como el desarrollo pleno de todas y todos sus habitantes.
En tal contexto, el Poder Judicial costarricense desempeña un papel preponderante en la tutela de los derechos, bienes e intereses de las personas, en la consolidación de la paz social y en la búsqueda de la satisfacción de los intereses colectivos. Acorde con lo anterior, la justicia se ubica en el centro de atención de la opinión pública. Una respuesta inadecuada, tardía o inoportuna ante los complejos problemas generados en la convivencia social, provoca no solo intensas críticas hacia la administración de justicia, sino que, además, socava los cimientos mismos de la institucionalidad republicana, al generar dudas razonables acerca de la capacidad del Estado para alcanzar, en democracia, los grandes objetivos que justificaron el pacto social.
Consciente de esta realidad, la actuación del Poder Judicial ha sido clave para la consolidación de un modelo de desarrollo humano bastante exitoso. La confianza generada en la ciudadanía deriva en un alto índice de litigiosidad –el segundo mayor en América Latina–, mismo que la institución ha tenido la capacidad de atender. El proceso de modernización y sus implicaciones: instaurar una carrera judicial basada en la idoneidad, promover nuevas formas de hacer justicia de manera más oportuna, sin renunciar a su papel de principal garante de los derechos de las personas, son algunos de los importantes avances logrados por este poder de la República.
Pese a lo anterior, el Poder Judicial mantiene una importante deuda con la sociedad nacional. Si bien la Corte Suprema de Justicia ha discutido durante décadas acerca de la necesidad de ofrecer, a través de la Escuela Judicial, una formación apropiada a las personas que ingresan a la judicatura, por años la Escuela se ha dedicado, principalmente, al perfeccionamiento y a la actualización de las personas juzgadoras. Estas son tareas de enorme relevancia en el quehacer institucional, sin duda, pero no logran generar un impacto tan significativo en la calidad de la justicia como el que podría tener un programa de formación inicial que procure la excelencia en el desempeño de los jueces y las juezas.
Por ello, resulta oportuno para el bienestar del sistema democrático que el 10 de junio de 2009, la Corte Plena, con una clara visión de futuro, haya autorizado los fondos necesarios para iniciar, en el 2010, la primera promoción del Programa de Formación Inicial para Aspirantes a la Judicatura (FIAJ). En un contexto de crisis mundial y de grandes limitaciones en la previsión de ingresos para el año que se avecina, la Corte tomó la decisión histórica de reorientar otros recursos y sacrificar algunos programas con la finalidad de poder cumplir con su deber de formar juzgadoras y juzgadores de alta calidad.
El diseño del FIAJ estuvo a cargo del propio personal técnico-profesional de la Escuela Judicial, así como de juezas y jueces de reconocida capacidad y trayectoria. Partió de una exhaustiva investigación diagnóstica, en la cual se tomaron en consideración diversas fuentes normativas, doctrinales, históricas, estadísticas, sociológicas, etc. Se promovió la participación del Poder Judicial en todos sus niveles, de la academia y de quienes hacen uso de los servicios de administración de justicia, con el objetivo de construir un perfil ideal de juez o jueza, el cual será desarrollado por medio de este programa.
El FIAJ busca la adquisición, por parte de las personas participantes, de competencias profesionales específicas; tiene como objetivo esencial ofrecer una formación integral a los futuros jueces y juezas que ingresen al programa. Para tal efecto, se utilizará una metodología práctica que simule las condiciones reales de trabajo en un despacho judicial, de manera que la persona participante pueda construir nuevos conocimientos a partir de las actividades de aprendizaje propuestas. Está constituido por dos fases: una de formación presencial y otra de práctica tutelada en tribunales de todo el país, cada una con una duración de seis meses a tiempo completo, para un total de un año. Se trabaja con el perfil de salida de una persona que conoce su oficio (saber), cuenta con las herramientas para desempeñarlo en forma efectiva (saber hacer) y con los valores y actitudes propios de un juez o una jueza que realizan su función en la democracia y para la democracia (saber ser).
Se busca generar servidoras y servidores eficaces en el desempeño de su alta misión, con los conocimientos y destrezas necesarios para propiciar una justicia de calidad. Lo anterior, sin embargo, no es suficiente para garantizar una función transformadora y democrática. El FIAJ está basado también en la formación de juezas y jueces capaces de comprender las implicaciones sociales, económicas y políticas de sus actuaciones, sensibles para identificar las consecuencias que en una familia, en una comunidad o en un colectivo organizado, pueden tener sus decisiones. Juzgadores y juzgadoras capaces de hacer valer la vigencia del ordenamiento jurídico y, a la vez, actuar prospectivamente en el logro de una sociedad más justa e inclusiva.
La Escuela Judicial espera así saldar la deuda que tiene con la institución y con la sociedad costarricense al ofrecer un programa de formación que, acompañado de óptimos procesos de selección, contribuya a consolidar una justicia efectiva, humana y volcada por entero a la defensa del orden democrático.
