No estoy en contra de la transparencia o la rendición de cuentas, ni de tratar de ser siempre mejores; sin embargo, a pesar de que las Universidades deben servir a la Sociedad y, hasta cierto punto, responder a sus demandas, poseen las libertades de cátedra, pensamiento e investigación, que les otorga su Autonomía.
Esta se ejerce por derecho propio, ya que como dijo una vez el filósofo y jurista mexicano Eduardo García-Máynez: la autonomía no nos ha sido dada, sino reconocida, es una propiedad inherente a la Universidad pública y deberíamos estar lo suficientemente claros de cómo saber vivirla responsablemente.
La educación, la ciencia y la cultura son bienes públicos, y de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos: el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. Sin embargo, la comercialización de estos derechos, que se viene dando hace años, ha producido la subsecuente pérdida de su sentido fundamental.
Ciertas tendencias políticas argumentan que la Educación Superior no debe ser financiada con recursos públicos y que, en su lugar, debe estar sustentada en créditos o préstamos, planteamiento que ha hipotecado las vidas de muchos estudiantes y sus familias y ha hecho imposible, para otros, el acceso al Sistema de Educación Superior.
El académico mexicano Eduardo Ibarra-Colado decía, cuando se refería a este argumento político, que: desde estas posturas no se comprende que impulsar la educación superior y la ciencia produce sinergias que irradian al conjunto social, potenciando con ello sus capacidades compartidas, lo que desborda el estrecho ámbito de la actuación individual y el beneficio particular. Es precisamente esta condición la que le otorga al conocimiento, como bien público, su carácter estratégico para impulsar el desarrollo.
Al limitarse los recursos del Estado para la Educación Superior en Costa Rica, al igual que en otros países del mundo, lo que se propicia es el surgimiento de una gran cantidad de actores privados que han sabido capitalizar muy bien la demanda existente, con programas atractivos por su fácil acceso y corta duración, algunos de los cuales representan hoy día, verdaderos fraudes formativos.
Pero además, las limitaciones presupuestarias han producido lo que Ibarra-Colado llama, la forma más sutil de privatización, en donde las mismas universidades públicas han tenido también que transformarse en empresas, para captar algunos recursos y subsistir. Esto es lo que ha ocurrido con los posgrados, siendo el de la UCR el que todavía conserva algunos rasgos de identidad pública.
La era de la rendición de cuentas de las instituciones de Educación Superior, que comienza a finales del siglo XX, trae consigo una serie de procesos para la evaluación, certificación y acreditación de la calidad, a través de indicadores de desempeño (la mayoría, cookie-cutter, como dicen los gringos), y siempre de la mano de tratar de evidenciar la calidad de los programas educativos. Esta parece ser actualmente, la única forma válida de demostrar el buen funcionamiento de una universidad y sus carreras.
Sabemos que, a pesar de que los procesos de acreditación pueden ser útiles, son sumamente desgastantes y muchas veces obligan a las instituciones a tratar de acomodarse dentro de una imagen pulida y maquillada (la universidad de papel de Luis Porter), buscando alcanzar la categoría de universidad de clase mundial, determinada por los rankings internacionales de moda.
Sin querer pretender que la Autonomía nos libera de la rendición de cuentas, porque más bien, un derecho como ese, nos responsabiliza para hacerlo, las universidades públicas debemos tener pensamiento autocrítico, ya no podemos seguir diciendo que todo está bien; el compromiso social es grande y el reto es ahora aún mayor, ya que nos toca contrarrestar las consecuencias de las malas decisiones de algunos gobernantes, que apostaron por no apoyar con recursos suficientes, a la Educación Superior pública.
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