Costa Rica logró desde la mitad del siglo XX un importante crecimiento económico, modernización, la creación de oportunidades y el ascenso social que permitió más equidad social y desarrollo humano. Ese modelo estuvo basado en la sustitución de importaciones, modernización del agro, con una relevante participación del Estado y sus instituciones, para crear la infraestructura y proveer los servicios públicos que el país requería.
La crisis de los ochenta mostró las limitaciones del modelo asumido, la burocracia era alta y el Estado había asumido más de lo que debía. Sin embargo, nadie puede cuestionar el aporte que las décadas previas dieron a la equidad, las oportunidades, el crecimiento y la creación de la institucionalidad nacional. Ante todo, su aporte fundamental fue al desarrollo humano.
El modelo que continuó fue hacia afuera, la promoción de las exportaciones y la disminución del papel del Estado en diversas áreas, en especial en la economía. Los aspectos positivos de ese nuevo modelo fueron el crecimiento relevante de las exportaciones, la diversificación de la estructura productiva y destinos de exportación. Se une a ello el aporte de la inversión extranjera directa, que ha venido a sumar en algunos casos empleos de calidad y encadenamientos productivos que pueden tener un papel positivo en el futuro, si se aplican políticas públicas proactivas.
Se han dado posiciones contrarias entre los promotores de estas diferentes visiones de desarrollo, lo cual no ha ayudado a plantear un modelo de desarrollo alternativo, congruente con lo que la sociedad costarricense requiere. Diversas investigaciones y ahora el informe del Estado de la Nación muestran la necesidad de lograr acuerdos nacionales para revertir la lamentable tendencia que proyecta desestabilizar socialmente nuestra sociedad y perder las ventajas y logros del pasado. Se necesita repensar el modelo de desarrollo futuro de Costa Rica, retomando lo bueno del pasado, corrigiendo los aspectos negativos y buscando acuerdos.
Para algunos, el Estado era la fuente de todos los males, por ello, se dio el desmantelamiento de ministerios e instituciones. No obstante, como lo indica el mismo Banco Mundial y lo corrobora el Estado de la Nación, el Estado es fundamental para promover el desarrollo, dotar de servicios públicos, definir licitaciones (por ejemplo, de infraestructura bien realizadas), evaluar, supervisar y controlar para velar por el bien común, entre otros. Hay, sin embargo, tareas urgentes de reforma y optimización de procesos, eliminación de duplicaciones, evaluación de desempeño y mejoramiento de los diversos programas, en especial los sociales. Se requiere, por tanto, un Estado más estratégico, orientador y con más músculo para lograr tener más efectividad.
En nuestra economía, la iniciativa privada es la base del crecimiento económico, el cual con reglas claras y un marco regulatorio propicio aportan al país en diferentes sectores. En una sociedad como la costarricense, no debería existir contradicción entre Estado e iniciativa privada, por el contrario deben complementarse.
Lo que sí nos ha dejado de forma contundente, tres décadas, el modelo de crecimiento vigente es un aumento preocupante de la desigualdad social. El coeficiente de Gini de Costa Rica se acerca a 0.5 y otros indicadores nos muestran un creciente aumento de la desigualdad en la distribución del ingreso, similar a la de países de América Latina (es la región más desigual del mundo) que han tenido problemas serios de convivencia social. Por tanto, el país debe definir un norte, ese sin ninguna duda debe ser, la adopción de políticas y estrategias que lleven a una mayor igualdad social.
La desigualdad social está asociada a diversos problemas que no siempre se relacionan con Costa Rica. Dentro de ellos están: el aumento de la inseguridad y la criminalidad, la salud, el bajo porcentaje de jóvenes que concluyen la secundaria, la falta de viabilidad de emprendimientos productivos, la disminución de la demanda de bienes, entre otros efectos.
La hora de la igualdad social es la hoja de ruta que debe seguir el país en sus estrategias de desarrollo futuras. Las políticas en todos sus sectores y ámbitos deben asumir ese objetivo. Debe existir vinculación, complementariedad y coherencia entre los objetivos sociales, ambientales y económicos. La democracia, competitividad, desarrollo humano y el desarrollo sostenible dependen de la construcción de una sociedad equitativa. Para todos, la agenda de la igualdad distributiva es el mejor camino.
La crisis de los ochenta mostró las limitaciones del modelo asumido, la burocracia era alta y el Estado había asumido más de lo que debía. Sin embargo, nadie puede cuestionar el aporte que las décadas previas dieron a la equidad, las oportunidades, el crecimiento y la creación de la institucionalidad nacional. Ante todo, su aporte fundamental fue al desarrollo humano.
El modelo que continuó fue hacia afuera, la promoción de las exportaciones y la disminución del papel del Estado en diversas áreas, en especial en la economía. Los aspectos positivos de ese nuevo modelo fueron el crecimiento relevante de las exportaciones, la diversificación de la estructura productiva y destinos de exportación. Se une a ello el aporte de la inversión extranjera directa, que ha venido a sumar en algunos casos empleos de calidad y encadenamientos productivos que pueden tener un papel positivo en el futuro, si se aplican políticas públicas proactivas.
Se han dado posiciones contrarias entre los promotores de estas diferentes visiones de desarrollo, lo cual no ha ayudado a plantear un modelo de desarrollo alternativo, congruente con lo que la sociedad costarricense requiere. Diversas investigaciones y ahora el informe del Estado de la Nación muestran la necesidad de lograr acuerdos nacionales para revertir la lamentable tendencia que proyecta desestabilizar socialmente nuestra sociedad y perder las ventajas y logros del pasado. Se necesita repensar el modelo de desarrollo futuro de Costa Rica, retomando lo bueno del pasado, corrigiendo los aspectos negativos y buscando acuerdos.
Para algunos, el Estado era la fuente de todos los males, por ello, se dio el desmantelamiento de ministerios e instituciones. No obstante, como lo indica el mismo Banco Mundial y lo corrobora el Estado de la Nación, el Estado es fundamental para promover el desarrollo, dotar de servicios públicos, definir licitaciones (por ejemplo, de infraestructura bien realizadas), evaluar, supervisar y controlar para velar por el bien común, entre otros. Hay, sin embargo, tareas urgentes de reforma y optimización de procesos, eliminación de duplicaciones, evaluación de desempeño y mejoramiento de los diversos programas, en especial los sociales. Se requiere, por tanto, un Estado más estratégico, orientador y con más músculo para lograr tener más efectividad.
En nuestra economía, la iniciativa privada es la base del crecimiento económico, el cual con reglas claras y un marco regulatorio propicio aportan al país en diferentes sectores. En una sociedad como la costarricense, no debería existir contradicción entre Estado e iniciativa privada, por el contrario deben complementarse.
Lo que sí nos ha dejado de forma contundente, tres décadas, el modelo de crecimiento vigente es un aumento preocupante de la desigualdad social. El coeficiente de Gini de Costa Rica se acerca a 0.5 y otros indicadores nos muestran un creciente aumento de la desigualdad en la distribución del ingreso, similar a la de países de América Latina (es la región más desigual del mundo) que han tenido problemas serios de convivencia social. Por tanto, el país debe definir un norte, ese sin ninguna duda debe ser, la adopción de políticas y estrategias que lleven a una mayor igualdad social.
La desigualdad social está asociada a diversos problemas que no siempre se relacionan con Costa Rica. Dentro de ellos están: el aumento de la inseguridad y la criminalidad, la salud, el bajo porcentaje de jóvenes que concluyen la secundaria, la falta de viabilidad de emprendimientos productivos, la disminución de la demanda de bienes, entre otros efectos.
La hora de la igualdad social es la hoja de ruta que debe seguir el país en sus estrategias de desarrollo futuras. Las políticas en todos sus sectores y ámbitos deben asumir ese objetivo. Debe existir vinculación, complementariedad y coherencia entre los objetivos sociales, ambientales y económicos. La democracia, competitividad, desarrollo humano y el desarrollo sostenible dependen de la construcción de una sociedad equitativa. Para todos, la agenda de la igualdad distributiva es el mejor camino.
