El 7 de febrero próximo se sabrá quiénes asumirán las riendas del gobierno hasta mayo de 2014.
A estas alturas es poco o casi nada lo que desde las filas de los distintos partidos se dice en torno al tema de la gestión del recurso hídrico, tema en el cual -hay que decirlo-, esta administración Arias dejará una enorme deuda.
Conflictos socio-ambientales vinculados con el manejo del agua (p.ej. Sardinal, Barva, Crucitas y comunidades afectadas por la expansión piñera) que el modelo de crecimiento económico y concentración de la riqueza al que se le viene apostando ha venido generando y ningún avance en la tramitación y aprobación de una nueva ley marco que sustituya la Ley de Aguas vigente desde 1942, son parte del panorama actual en la materia.
Por otra parte, a pesar de que prácticamente todas las fracciones legislativas han manifestado estar de acuerdo con reformar el artículo 121 de la Constitución Política para que desde ahí se reconozca que el agua es un bien de dominio público, dicha reforma no se ha podido votar dada la cantidad de mociones presentadas por los libertarios, a quienes sería bueno que la ciudadanía les exigiera una explicación del por qué su negativa a reconocer que el agua no es una mercancía.
Lamentablemente, el próximo gobierno heredará esta situación. A lo anterior hay que agregar que, en caso de que las políticas que el mismo implemente no tomen como punto de partida el reconocimiento del acceso al agua como un derecho humano y el respeto a los equilibrios ecosistémicos, se le podrían estar sumando nuevos conflictos.
Ese reconocimiento y ese respeto debe ser garantizado por el Estado con la participación de todos los sectores de la sociedad. En este mismo sentido, resultará vital que tanto al Poder Ejecutivo como a la Asamblea Legislativa lleguen personas sensibles y comprometidas con la gestión integrada, participativa, ambientalmente sostenible y socialmente equitativa del agua que promuevan la tramitación prioritaria del Proyecto de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico presentado mediante el mecanismo de la iniciativa popular por un grupo de actores y organizaciones que formamos parte de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua.
Dicho proyecto de ley no ha ingresado aún a la corriente legislativa, ya que estamos a la espera de que el Tribunal Supremo de Elecciones finalice el conteo de las más de 150 mil firmas que presentáramos en septiembre pasado. En caso de que el Tribunal nos indique que la cantidad de firmas válidas no supera el número de firmas equivalente al 5% del padrón electoral, tendremos un plazo de 3 meses para recoger las que hagan falta. Si las firmas válidas presentadas superasen ese porcentaje, entonces el proyecto de ley ingresará inmediatamente a la corriente legislativa para que sea votado en un plazo de 2 años, el cual podría convertirse en 4 si el Poder Ejecutivo no lo convoca durante los períodos de sesiones extraordinarias, tal y como lo establece la Ley de Iniciativa Popular.
Ya desde la sociedad civil un grupo importante -por su número y por su compromiso con el tema- de actores hemos enviado un mensaje claro a las autoridades en el sentido de que la ley de aguas no puede esperar. El actual gobierno no tuvo la capacidad de entender dicho mensaje. Esperaríamos que las futuras autoridades tuviesen una actitud distinta y comprendieran que de la forma como nos relacionemos con y en torno al agua depende nuestra sobrevivencia.
