La imposible reforma tributaria del presidente Solís

Una reforma tributaria “justa” tendría que estar diseñada con el propósito fundamental de disminuir o estrechar las diferencias sociales, económicas, políticas y culturales de la sociedad; por esa razón, solo podría ser implementada por un mandatario con grandes dotes, principios éticos y morales y una formación íntegra; pero además, deberá poseer mucha valentía y una voluntad férrea, inquebrantable ante la adversidad y los detractores, ya que sólo así podrá sobreponerse a las contradicciones y diferencias de las clases sociales de una población heterogénea, puesto que si toma partido en favor de un sector social o por intereses particulares, dicha “reforma” ampliaría aún más las diferencias sociales en pugna. No obstante, don Luis Guillermo Solís busca la satisfacción de toda la ciudadanía sin distingos de clase, situación económica, social, laboral y cultural, como si fuera posible reducir la desigualdad social y económica y acabar con la pobreza extrema sin afectar los privilegios de los ricos o sin obligarlos a tributar en forma justa, como tributan los trabajadores con su salario.Sin embargo, pareciera que el señor Presidente está tomando conciencia, al declarar que ‘no es lo mismo verla venir que bailar con ella’, pues por un lado solicitó el apoyo de la mayor cantidad posible de votantes para llevar a cabo su programa de gobierno, consiguiendo 1.300.000 votos, mientras que, por otro lado, dos días después de ser electo Presidente, don Luis Guillermo se reunió y pactó con representantes de las cámaras empresariales. Por el cambio de orientación repentino, puede deducirse que las Cámaras le exigieron al novel Presidente ciertas condiciones para apoyar su Gobierno, condiciones que, según hemos visto, siguen siendo las mismas aplicadas por los gobiernos anteriores: continuar aumentando los artículos básicos de consumo, como la canasta básica, los pasajes de taxis y autobuses…; eso sí, jamás aceptarán tributar en forma justa. En este tema el Gobierno guarda silencio, pues sabe que “no puede tener dos amos”: o aumenta las ganancias de los empresarios con lo que ampliaría las brechas sociales, o bien, abarata los bienes, servicios y productos en beneficio de las mayorías. ¡Reforma Tributaria justa, don Luis Guillermo!

Esta es una de las razones por las que el 14 de mayo escribí en el Semanario Universidad el artículo: ¿Nace una nueva derecha? No esperaba una respuesta tan pronta, pero las críticas al Gobierno siguen aumentando constantemente. En el programa Nuestra Voz, de Amelia Rueda, don Rolando Laclé afirmó que en este gobierno “no existe conducción política” como para lograr estrechar la desigualdad social y acabar con la pobreza extrema. En ese mismo programa don Alberto Salom decía que la solución estaría en algo así como alcanzar consenso en la población, especialmente entre los grandes empresarios (de nuevo los pájaros tirándole a las escopetas); recordemos que el consenso ya lo recibió el presidente Solís con el 1.300.000 votos. Eso hace pensar que ¡el temor a los empresarios y administradores de la riqueza es el gran conductor político de la sociedad! Por otro lado, don Luis Guillermo dice que ‘la competitividad es la clave para el desarrollo de Costa Rica’; es decir, que el desarrollo nacional debe regirse por la competencia entre las poderosas cámaras patronales versus los empobrecidos sindicatos, en igualdad de condiciones. ¿Acaso la historia de la humanidad no se ha basado en la competitividad de la humanidad, en donde la explotación de los pobres por los ricos ha sido el motor que impulsa la economía mundial, tanto durante la esclavitud como en el feudalismo y el capitalismo que nos han precedido? Entonces, una reforma tributaria coherente con la situación solo sería posible en la medida en que esta sea inducida, controlada y dirigida por las clases privilegiadas, sin perjuicio a sus intereses. El sabotaje a cualquier otra alternativa será visto como una acción rutinaria.

En resumen, este y los anteriores gobiernos, han resuelto su propio problema fiscal privatizando y recortando los recursos del sector público, especialmente los recursos destinados a mejorar las condiciones sociales, ayudas económicas, construcción de vivienda, empleos dignos, alimentación; mientras tanto, el “sagrado” sector privado goza evadiendo los controles fiscales, debido a que las entidades políticas y poderes estatales afines, no los obliga a tributar conforme a las leyes. De ese modo sobrevive cada administración política durante sus cuatro años, mientras traspasa el serio problema con mayores sumas deficitarias a los siguientes gobiernos, según podemos corroborar en los tres meses del Presidente Solís y sus aumentos constantes: impuestos, valor agregado, materiales para la construcción de vivienda, combustibles y muchos otros.