Desde hace varios años, escritores, políticos y funcionarios vienen hablando de ingobernabilidad y el asunto pareciera cobrar más realidad al declarar la Presidenta Chinchilla que se da por vencida ante la reforma fiscal. Esto significa que sus planes impositivos tropezaron con una oposición fuerte; pero no tanto partidista. Más bien es una oposición moral que sospecha que son más impuestos para ser utilizados en el derroche estatal, para trochas de la indignidad o para los saqueos impunes de todos los días.
En el contexto teórico, se ha hablado básicamente de tres factores causales de ingobernabilidad: 1. Inadecuada organización político jurídica, con sus partidarios que abogan por una nueva Constitución, 2. La incapacidad y corrupción de los gobernantes y 3. Nuestra deficiente educación.En mi criterio, el primer factor es el argumento que emplean siempre los políticos para desviar la atención, poniendo el texto constitucional, que no es más que un cuerpo de leyes, fácilmente esquivable por funcionarios sin escrúpulos y contrario muchas veces a la soberanía del pueblo, como la vida misma de una nación, como el alma de los pueblos. No olvidemos que los políticos se brincan la Constitución como jugando rayuela y que aquí gobierna el oportunismo, el amiguismo, la clientela política y, lo peor, ciertas castas que ya son tradición y hacen leyes a su antojo y medida. Así que la Constitución en mi criterio está muy lejos de ser una causa apreciable de ingobernabilidad; es más bien el instrumento que ayuda al poder a gobernar muy a su manera. Si el poder la cambia, será para darse aún más poder y seguir haciendo de las suyas.
El segundo factor, la incapacidad y corrupción de los gobernantes, sí viene a ser causal directa de ingobernabilidad, digamos el factor inmediato. Y el tercer factor, la educación deficiente de los pueblos, sería factor mediato, pero no menos importante; al contrario, el más importante porque engloba a los dos primeros.
Un pueblo educado deficientemente por el Estado, o mejor dicho, educado muy eficientemente para sostener al Estado, será un pueblo que acepta la corrupción y que se avasalla ante el funcionario corrupto, que acepta leyes mediocres e incluso dictadas por el poder en su perjuicio.
La educación estatal, deformante y alienante, gratifica al sistema corrupto en que vivimos con la adhesión de las masas a él y a los grupos de políticos aún más corruptos, predeterminando y alentando a los jóvenes para que traten de imitarlos; porque los programas alienantes que elogian al sistema estatal, ordenan también su ciega obediencia al mismo.
La educación cognoscitiva que se imparte especialmente en las aulas permea también la educación llamada formativa, la que se adquiere especialmente en el hogar, de tal manera que el resultado será siempre el mismo, un sujeto adoctrinado a los patrones estatales y, en fin, a lo que demande el poder para la continuación de su ciclo de permanencia con la sujeción del individuo común a sus dictados.
Ninguna alternativa planteada por el pensamiento político actual, incluyendo la de cambiar la Constitución, que más bien agravaría el problema, traería solución al “asunto” de la ingobernabilidad. No quiero decir “problema” de ingobernabilidad. El problema es más bien la gobernabilidad, la sumisión a la arbitrariedad, el avasallamiento que es lo que siempre desea tener el poder a su disposición. La ingobernabilidad actualmente es el reclamo moral del pueblo contra la corrupción.
Pero hay más, la ingobernabilidad se ha constituido hoy en el único medio paliativo con que cuentan los pueblos contra un sistema esclavizante de mayorías por astutas y arrogantes jerarquías y de ultrajante desigualdad, en una “democracia” inventada, desgastada, desvirtuada y enquistada en nuestras vidas como algo definitivo.
