Intensificando al máximo la presión del Gobierno de los Arias sobre las y los trabajadores de JAPDEVA, para que acepten a marcha forzada la concesión de los puertos del Atlántico, se ha dado ahora un nuevo capítulo muy grave de intromisión estatal.
El día 6 de noviembre, la dirección Nacional de Inspección del Ministerio de Trabajo conmina al sindicato SINTRAJAP a convocar a una Asamblea Extraordinaria en un plazo perentorio de 3 días hábiles a partir de su notificación, misma que debe convocarse con no más de ocho días de anticipación a su realización. Atiende con gran diligencia la solicitud del llamado grupo mediador que recogió firmas para que la Asamblea citada, compuesta por los alrededor de 1300 afiliados y afiliadas, discuta y apruebe la aceptación de las indemnizaciones millonarias a cada trabajador si aceptan la concesión a la empresa privada de los puertos, por lo que desde octubre pasado el Gobierno ofreció la cifra exorbitante de $137 millones.
Al chantaje monetario ahora se suma la violación absoluta de la autonomía sindical. El superministro Rodrigo Arias, que no ha tenido empacho en impulsar al llamado grupo mediador, salió alborozado a celebrar la decisión y adelantó la amenaza a SINTRAJAP, en el sentido de que de no cumplir con la orden del Ministerio se expone a una acusación por práctica laboral desleal.
La jurisprudencia abundante apunta que el Ministerio de Trabajo no debe intervenir en el fuero interno de las organizaciones sindicales, únicamente tiene una función registral. Nada demuestra mejor la parcialidad del Ministerio con los Arias, que el hecho de que cuando las organizaciones sindicales y trabajadores/as denuncian abusos y violaciones a la libertad sindical, el Departamento de Inspección no resuelve nada, en complicidad con los patrones, o hace que las denuncias duerman el sueño de los justos. Por ejemplo, como ha sucedido con el despido de Luis Salas y Alicia Vargas dirigentes del sindicato del Instituto Nacional de Seguros (UPINS), la persecución contra el Sindicato de la Salud y al Seguridad Social (SISSS) por el proceso de despido contra el suscrito en el Hospital San Juan de Dios.
Si bien es cierto defendemos el principio de la democracia sindical y en general nos pronunciamos porque la asambleas de bases decidan, no puede ser mediante intromisión e imposición del Estado, lo que crea un pésimo precedente que profundiza aún más el atentado a la libertada sindical que los patronos y el gobierno vienen imponiendo.
