Fue la exministra Karla González quien abrió la compuerta a la afirmación de que su Nueva Ley del Tránsito buscaba cambiar la cultura de los costarricenses empezando por su ‘manera de manejar vehículos’.
Después de ella, la especie corrió como lluvia tropical. Desde un Ministerio de Obras Públicas y Transportes (sin fuerzas para mantener infraestructura ni reclutar policías para cubrir el país ni salud para redactar un cartel de concesiones) se darían las condiciones para una mutación de la que saldría un todo nuevo ser costarricense. Ni Clístenes, ingeniero de las bases del régimen democrático ateniense, podría compararse a la intervención de Karla y su socia de entonces, Viviana.
El asunto no pasaba de ocurrencia, pero permitió a los costarricenses desviar su atención de los cada vez más constantes bajos desempeños del Saprissa para apelotonar opiniones acerca de este proyecto de ley que es la renovada Ley del Tránsito hoy en deplorable uso. La actual tropa diputadil ha pedido seis meses más para llegar a un producto “decente”. Se propone, de nuevo, variar el monto de multas, la obtención de licencia (¿legalizar la ‘mordida’ en la prueba de manejo?) y desagregar en decimales los puntos en el expediente del conductor. Minucias.
Los diputados no se ocupan, en cambio, en discutir la responsabilidad del Estado en la mantención de condiciones óptimas para el tránsito vehicular y de peatones. Puentes desplomados, demarcaciones borradas o nunca existentes, platinas convocantes de ingratos ciclos frustrantes. ¿Cómo se castigará al Estado y a sus funcionarios por no llevar su carga? ¿No ameritan estos empleados un expediente con descuento de puntos? Máximo 100. 20 puntos menos por tarea incumplida. 60 por omisión reiterada. 50 por promesas falsas. Despido sin prestaciones y multa por la mitad de su patrimonio si el proceder delictivo llega a 100 puntos. Inhabilitación por 75 años para ocupar cargos públicos.
El cambio ‘cultural’ logrado por la renovada Ley del Tránsito sin obligación estatal se ve en este ejemplo: la prensa informa que un oficial debido acude al sitio de un percance. Halla a una mujer a quien chocaron y de inmediato le extiende una multa de ¢293 mil porque su licencia no es adecuada para el vehículo. Repara en dos niños en el auto (detenido hace horas). El cinturón de seguridad no los protege. Multa. Luego impide a la dama mover el carro por lo de la licencia (no dan otra en el MOPT). Le informa que analiza requisar el vehículo y que las sanciones suman al momento ¢819 mil (LN: 9/06/2010). Cuando la señora pasa del estupor a un embrión de ataque histérico, la observa un rato y procede a hacerle “solo” el parte por los ¢293 mil iniciales. La deja irse conduciendo. Consultado por su proceder, contesta jovial: “Pa’ eso tengo mandato”.
El ejemplo dice que el Estado no solo incumple con sus deberes materiales en relación con el tránsito, sino que los recursos policiales de los que dispone son insuficientes en número (la ley se “aplica” solo en San José) y carecen de la calidad (la ley los torna actores penales) para desempeñar sus funciones. Bajos salarios los exponen a la venalidad. Hablamos de policías que pueden imponer multas millonarias, enajenar el vehículo al conductor y meterlo en la cárcel. Deberían estar bien seleccionados, excelentemente formados y muy bien pagados.
Otro botón. La virgen concede a un ciudadano masoquista el ser chocado por un vehículo sin conductor. El no conductor (hablaba por teléfono mientras su vehículo rodaba) no porta licencia, su auto no tiene Riteve y el dueño no puede probar la legalidad de su posesión. Las multas podrían sobrepasar el medio millón de colones, más decomiso de placas y requisa del coche. Dos policías del tránsito se presentan. Elaboran partes sin detallar el asunto. Invitan al masoquista a irse. En parla posterior, el conductor sin cabeza (o el auto sin conductor) confiesa que ¢50 mil lo sacaron del apuro. Está satisfecho/orgulloso. “Aquí todo es mordidas”, dice, mostrando los partes mal confeccionados (¿a propósito?).
Como se ve, una ley que fija su atención solo en la represión de los conductores y desatiende las responsabilidades estatales (aceras, carreteras, calles, puentes, señalizaciones, etc., funcionarios) sobre el tráfico de personas, tal vez no cree una nueva Costa Rica, pero sí garantiza que la antigua recrudecerá. Gracias, Karla. No te olvidamos, Viviana.
