El 13 de mayo de 2011 el Consejo Universitario concluyó una propuesta de reforma al Estatuto Orgánico para que la comunidad administrativa participe con voz y voto en las instancias colegiadas de la Universidad de Costa Rica.
Los miembros de la comisión extraordinaria que trabajaron en la propuesta invitamos a todos los universitarios (as) a una reflexión sobre el tema con el fin de analizar la conveniencia de la participación de nuestra comunidad en las instancias colegiadas de la UCR.
El trabajo se inició a partir de una resolución del Consejo Universitario de crear una Comisión Especial que analizaría, evaluaría y propondría las reformas estatutarias, sobre la representación administrativa en las instancias colegiadas de la institución.El tema de la representación administrativa en la UCR no es nuevo, ha sido planteado reiteradamente por nuestros representantes administrativos ante el Consejo y fue analizado, discutido y aceptado en el VI Congreso Universitario y sometido a la Asamblea Colegiada Representativa, la que al finalmente la rechazó.
A pesar de que hasta la fecha las propuestas no se han incorporado al Estatuto Orgánico, en la Comisión Especial consideramos que es pertinente realizar la modificación para que la comunidad administrativa pueda participar en los órganos colegiados.
Democracia y derecho.Queremos aprovechar este espacio para presentar brevemente las razones fundamentales, del porqué la comisión concluyó que es necesaria una representación real de la comunidad administrativa.
Primero: se ha considerado que a pesar de que dentro de la institución existe un espíritu democrático, la estructura organizacional le da existencia a la comunidad administrativa y que representa el 40% del personal de la UCR.
Sin embargo, las normas estatutarias relacionadas con organización política y jerarquía de la Institución otorgan a la comunidad administrativa una mínima representación, con sólo una única persona en el Consejo.
Los sectores externos han contado con mayor representación, como lo demuestran las estadísticas de la última elección a la rectoría, donde estos tuvieron una representación del 2,5% mientras que la representación administrativa correspondió solamente el 0,05%.
Es claro que existe una evidente inequidad y desigualdad dentro de la comunidad universitaria, constituida por profesores y profesoras, estudiantes, funcionarias y funcionarios administrativos, según lo establece el artículo 1 del Estatuto.
Segundo: creemos que la comunidad administrativa tiene mucho que aportar en las discusiones de alto nivel, porque es precisamente este sector el que día con día, atiende y resuelve los asuntos que permitirán de una u otra manera facilitar la docencia, investigación y acción social.
Además, la comunidad administrativa ha cambiado debido a las políticas de profesionalización y mejoramiento en las que se han invertido recursos económicos en capacitación y formación del personal.
Tercero: hemos tenido contacto con otras universidades públicas estatales y hemos constatado que la participación administrativa en la toma de decisiones ha enriquecido los procesos de toma de decisiones institucionales.
Cuarto: estamos convencidos de que la Universidad debe fortalecer la pluralidad dentro de los órganos de decisión y esto se facilitaría si se incluye a la comunidad administrativa; esto contribuiría a una mayor reflexión, debate y adopción de acciones y políticas universitarias.
Quinto: Se fortalece la cultura democrática porque se estaría fortaleciendo los mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia institucional, porque existe equidad en la participación de todos los sectores de la comunidad universitaria, dentro de los procesos de fiscalización institucional.
Sexto: no encontramos justificación para que una comunidad democrática formada por tres sectores, solo dos de ellos pueden decidir sobre el futuro de la Universidad, porque solamente ellos pueden participar en la toma de decisiones de alto nivel, considerando que todos somos importantes para el fortalecimiento de la institución.
Es paradójico que la Universidad promueva hacia afuera los valores democráticos y el sentido de comunidad, solidaridad e igualdad; pero a su interior mantenga normas que contravienen esos principios para un sector de la comunidad universitaria.
