El pasado 20 de marzo del 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró una audiencia para escuchar los alegatos de comunidades de Costa Rica víctimas de los efectos de la producción de la piña. La actitud del Estado costarricense con relación a la producción de la piña ha sido sumamente cuestionable. La profunda sensación de impunidad y la inoperancia demostrada por el Estado constituyen, entre otros, argumentos de peso de difícil refutación que ahora colocan a Costa Rica en una situación extremadamente delicada, desde el punto de vista internacional.
Se trata de las comunidades de El Cairo, Francia, Luisiana y Milano (cantón de Siquirres), cuyos acuíferos fueron contaminados por empresas dedicadas a la producción de la piña. Desde julio del 2007, más de 6 mil personas en estas comunidades rurales toman agua proveniente de camiones cisternas proveídos por Acueductos y Alcantarillados (AyA). Desde el 2007, el Estado no ha ordenado sanciones contra las empresas; tampoco se registra acción penal alguna del Estado contra los responsables de las empresas causantes de dicha contaminación o contra funcionarios que desoyeron las advertencias del mismo AyA. En todos estos años, el Estado tampoco proveyó a las comunidades afectadas con un nuevo acueducto de agua potable ni saneado las aguas, pese a dos sentencias de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia exigiéndole hacerlo “de inmediato” en el año 2009.
Lo que podríamos denominar una “sordera institucionalizada”, pareciera entonces haberse adueñado de varias entidades estatales de Costa Rica desde el 2008, cuando de cuestionamientos relacionados con la piña se trata, so pretexto del desarrollo que aporta. No obstante, las regiones de Costa Rica en las que se produce la piña siguen con los peores índices en cuanto a Desarrollo Humano (IDH) se refiere, poniendo así en entredicho el tan pregonado “desarrollo” que genera dicha actividad.
Es de recordar que debido a la cantidad de denuncias y de recursos de amparo recibidos por parte de la Sala Constitucional en los años 2006 y 2007, y a numerosos cuestionamientos realizados por activistas, ONG y académicos ante el crecimiento vertiginoso del sector de la piña, la máxima instancia de la Universidad de Costa Rica (UCR), su Consejo Universitario, solicitó a las autoridades de Costa Rica frenar su expansión. Con fecha de diciembre del 2008, el Consejo Universitario instaba a las autoridades a establecer una moratoria para nuevas plantaciones de piña. Hoy, aún se sigue a la espera de que se establezca esta moratoria y el pasado 11 de junio, comunidades tuvieron un espacio para que el Ministro de Ambiente se pronunciara de forma definitiva ante este tema. Estaremos al tanto.
*El artículo completo con sus referencias puede ser consultado en:
http://ridh.org/news-and-events/news-articles/la-pina-de-costa-rica-ante-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos/
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