El desarrollo agrario se ordena dentro de uno de los sectores más complicados de la vida del ser humano. La alimentación de hombres, mujeres, ancianos y niños no se puede posponer pues tiene su base productiva en sectores que siempre han resultado muy complejos como el agrícola, acuícola, porcino, avícola y ganadero, entre otros.

Cada desequilibrio alimentario que existe a nivel mundial y nacional, necesita de una solución a corto plazo pues la demanda se extiende rápidamente, planteando problemas que requieren la introducción de una máxima racionalidad en las técnicas y tecnologías de producción alimentaria utilizadas.

En los países desarrollados que gozan de economías de mercado, el potencial agrario es suficiente para abastecer cada necesidad alimentaria de la población, pero en los países en vías de desarrollo como la mayoría de países latinoamericanos, la realidad es otra cosa.

En Costa Rica, la ausencia de compromiso político ha sido la razón del abandono al cual ha estado expuesto este sector tan importante. Mejorar el desarrollo del sector exige una creciente política económica basada en la sensibilidad social y en la agresividad de cada una de sus políticas para el crecimiento que se convertirán en reformas distributivas del ingreso y en reformas sociales.

De manera inversa, en los países desarrollados; cada intervención política agraria obtiene un espectacular arraigo político. La influencia política de los grupos agrarios de los países desarrollados predomina en cuanto a la proporción que representa el electorado y despliegan una acelerada actividad para proteger cada intervención gubernamental, para elevar los ingresos y reducir la competencia con productores más eficientes o más subvencionados por lo que se trata así de un principio de equidad, fraternidad y solidaridad. Todo lo anterior Europa lo controla con eficiencia mediante su Política Agrícola Común (PAC).

En el caso costarricense, los principales objetivos de una política económica aplicada seriamente dentro de la política agraria deben ser aquellos que dirijan hacia el progreso, al desarrollo y al bienestar social del sector. Una verdadera modernización del sector agrario bajo una renovada política agraria conllevará al crecimiento económico y promoverá la eficiencia comercial, el pleno empleo, la productividad, el control de precios, el equilibrio en la distribución de la renta y de la riqueza, considerando eso sí; que cada estrategia debe ser realista y aprovechar las ventajas comparativas para aumentar las relaciones con otros mercados a nivel mundial.

El sector agrario costarricense necesita verdaderos cambios estructurales que le permitan considerar sus diferentes núcleos, no sólo como parte importante de la economía, sino de toda la relación política interna y externa, considerando como base fundamental para esa reforma, satisfacer las necesidades del más importante: el agricultor.

Asía las cosas, una política agraria como inmediata política económica impulsará en Costa Rica no sólo el rescate del sector, sino a su crecimiento y desarrollo integrador, además; brindará oportunidades para que el Estado realice verdaderas inversiones públicas en el desarrollo agrario: más investigación, más divulgación, más enseñanza, más servicios y adecuada infraestructura pero en estricto orden con la naturaleza y el ambiente.

En los países en desarrollo, la política agraria se orienta a fortalecer la industrialización, y así; cada Intervención política estatal se centra en disminuir el costo de los alimentos básicos para los consumidores de las zonas urbanas, especialmente; los precios que son Importantes para lograr estabilidad política. Esa intervención cambia las reglas de la competencia en los mercados internacionales de productos agrarios, en donde se da un fortalecimiento de subsidios en los países desarrollados y en los países en desarrollo comienza a nacer un entorpecimiento que obstruye liberalizar el comercio, lesionando de manera real el sector agrícola interno.

El Estado tiene que desarrollar una política económica que priorice sentar bases firmes para formular una política agraria de calidad. El diseño de esa política agraria debe considerar puntos urgentes en lo referente a la política monetaria, a la política fiscal-tributaria, a la política comercial, al control de precios, a la distribución de la riqueza y al pleno empleo del sector pero todo bajo la participación activa del Estado costarricense como actor esencial en la toma de decisiones. Para lograr esa eficiencia, como punto administrativo público y estatal, deberá establecerse una absoluta coerción integradora entre actores físicos y jurídicos para alcanzar los objetivos propuestos en el menor tiempo y al menor costo posible.