Nuestra sociedad es una sociedad enferma de miedo y el expansionismo punitivo es uno de sus síntomas.
La creciente ola de terror infundida a las personas; promovida tanto por medios de comunicación como por agentes institucionales, ha obtenido el nocivo resultado de la legitimación del castigo como respuesta a los conflictos asociados al crimen, olvidando las causas de los problemas y sus posibles remedios.
El expansionismo punitivo, consiste en la tendencia a prohibir conductas otorgándoles el respectivo castigo, en su médula está el propósito de incrementar cada vez más la invasión punitiva en el comportamiento de las personas, lo que se logra al crear nuevos bienes jurídico-penales, al flexibilizar las reglas que determinan la responsabilidad penal del sujeto o al disminuir las garantías de quien ha sido sometido a un proceso penal en calidad de imputado.
Esta tendencia debe ser considerada contraria a los principios básicos de un Estado social de derecho, en el cual se respeta la libertad de los individuos y la mínima incursión del Estado en el ámbito personal de cada uno.
Esta expansión busca el paso de la sociedad democrática a la sociedad punitiva, caracterizada por el miedo reaccionario e irrespetuoso a la otredad.
En Costa Rica el expansionismo punitivo ha hecho metástasis. Varios son los ejemplos legislativos que dan fe de esto.
Así, por medio de la adición al Código Penal, se consideró que penalizar la conducción bajo estado de ebriedad sería una reacción adecuada para mitigar los accidentes ocurridos en las vías, no obstante, los mismos prosiguen y la prensa misma se encarga de recordárnoslo a diario. Igualmente ocurrió con la contravención de daños, la cual; desde hace semanas atrás, se convirtió en delito con pena de prisión.
Como parte de este expansionismo, también se ha implementado un sistema basado en la producción casi industrial de la justicia, con la Jurisdicción de Flagrancia, hecha para someter a un proceso penal a los delincuentes de bagatela, procesos dirigidos al crimen cotidiano, al robo realizado por el miserable, pero no pensado para la criminalidad organizada o bien para los delitos de cuello blanco.
También se pueden citar las reformas procesales implementadas con la Ley de protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal, dentro de las cuales se eliminan varias garantías del imputado, como la posibilidad de que éste conozca la identidad de su denunciante, situación históricamente superada, pues acontecía previo a la Revolución Francesa y hoy en nuestro país, es latente en los tribunales judiciales cuan mal alumnos de las enseñanzas que nos ha dado la historia.
Este expansionismo punitivo es discriminatorio, no persigue a todos los grupos sociales, en la base de su tendencia radica la persecución de los sin techo, de la miseria, se extiende en las redadas hechas en los barrios marginales, en el incremento punitivo contra los delitos de bagatela o en la creación de las jurisdicciones industriales que piensan que la justicia se puede producir en masa.
Aquí se han citado solo unos de los tantos ejemplos de la patología punitiva que embarga a nuestra sociedad, olvidando que es mejor educar al niño que castigar al delincuente, tratar al enfermo alcohólico que encerrar a alguien por su enfermedad en la cárcel, o bien crear políticas efectivas de ayuda social, en lugar de construir una jurisdicción cuyos tentáculos se extienden hasta la miseria sin tocar la opulencia de otras delincuencias, es decir, a la sociedad enferma se le olvida que es mejor prevenir que castigar, tal y como Von Bar dijo, «allí donde llueven leyes penales continuamente, donde entre el público a la menor ocasión se eleva un clamor general de que las cosas se remedien con nuevas leyes penales o agravando las existentes, ahí no se viven los mejores tiempos para la libertad»
