Resulta increíble leer los encabezados de nuestros periódicos que denuncian la venta reciente de informes médicos de los costarricenses por una empresa que ofrece sin ninguna limitación los datos sobre los antecedentes de salud y enfermedad de todos los que vivimos en este territorio.
Ayer se denunciaba la venta de datos por medios digitales sobre aspectos registrales que informan sobre el estado civil, el número de hijos, y hasta de parientes que no conocíamos de su existencia, pero que en forma muy detallada aparecen en un sitio de dominio de Internet utilizado para fines múltiples.
El uso comercial que se están haciendo de nuestra intimidad sobrepasó ya los límites de la protección jurídica establecida en el artículo 24 de nuestra Carta Magna. Pareciera que este uso indiscriminado de la información de las personas resulta tan lucrativo, que uno de los representantes de la empresa comercial, indicó que la información médica se obtuvo con el consentimiento de los investigados, pero no dijo cuanto le pagaron al sujeto informante, segura estoy de que muchos de los individuos que aparecen en esas listas, ni siquiera tienen idea que la información médica que es de conocimiento público, puede resultar un arma de doble filo por sus efectos legales.
Ya lo dijo el prestigioso Doctor en Derecho don Alfredo Chirino, gran investigador e interesado en el tema sobre la Protección de la intimidad de los costarricenses “la intimidad del costarricense es más cultural, muy individualista, diferente, con más sensibilidad que otros pueblos como los Estados Unidos de América por ejemplo” Esta frase que ahora reproduzco, obliga a tramitar de forma más seria por parte de los señores Diputados el proyecto de ley que esta en la corriente legislativa sobre Protección de datos personales.
El derecho a la “Protección informativa” no debe ser solo de tipo financiero, no basta con que yo demande la protección de mis créditos con los bancos, cuando soy deudora o tenga pretensiones de acceder a un préstamo cualquiera, las muy famosas empresas llamadas protectoras de crédito son eso, protectoras de los intereses de los acreedores, pero violatorias de la intimidad de las personas – posibles deudoras-. La protección informativa es un derecho humano, es una protección mucho más amplia, es una protección que se refiere a todos los que interactuamos como seres humanos.
No creo que exista persona que se sienta satisfecha de saber que sus deudas, sus ingresos, o sus enfermedades de cualquier tipo que haya tenido durante su vida, sean exhibidas en un “Sitio de Dominio” que pueden ser de acceso tanto en el territorio nacional como internacional. Más grave aún resulta la venta de informes médicos para determinar a quienes se pueden contratar en el desarrollo de un trabajo específico, más aún que por desconocimiento sobre términos médicos, un patrono considere no contratar a un trabajador o trabajadora, por considerar que tenga una enfermedad contagiosa pero que no sea peligroso después de todo.
Si hay algo delicado y que puede poner en peligro la seguridad jurídica informática de los costarricenses es este tipo de actividad comercial de publicitar datos. Los órganos públicos tales como Registro Civil, Caja Costarricense del Seguro Social, Instituto Nacional de Seguros, Ministerio de Hacienda y tantos otros, deben tener un límite, todo ser humano puede sentir perjudicada su dignidad, la trasgresión de un derecho tan delicado como el de la intimidad resulta más grave que la sustracción de un bien patrimonial, la intimidad no tiene precio. Sin embargo hoy en día hay menos tutela, pareciera que los valores de lo privado, no predominan en cuanto a resguardo, y es lo colectivo lo que está imperando.
Si no se actúa con rapidez por parte de las señoras y señores diputados, pronto estará a la venta al mejor postor, todo lo que sucede en la esfera de la intimidad de los hogares, tendremos un gran Big Brother por controlador, una pantalla que nos llegará a desnudar y quizás lo que observemos de nosotros mismos no nos va a gustar.
