Según la Administración de la Cruz Roja, un déficit de 2000 millones en el presupuesto del 2014 amenaza con cerrar varios Comités locales. Tal déficit, se debe, supuestamente, a una reducción en la recaudación de impuestos, y dicen que aún no han tomado medidas drásticas que serán ineludibles sin el aumento de impuestos. La entidad se financia en parte con dineros públicos provenientes de ocho leyes. El año anterior contaron con un presupuesto de más de 17.000 millones y dicen que el faltante de 2.000 millones fue superado por la “postergación de planes”. Indican que la Cruz Roja cuenta con una fuerza laboral de 6.800 voluntarios. A esto se suman millonarias contribuciones del extranjero, exoneraciones para equipos y vehículos y muchas otras ventajas fiscales.
Pero la norma es que no hay ambulancias disponibles para el servicio comunitario que es la función mínima que debería realizar y se dejan sin atender la mayoría de las solicitudes de transporte por falta de operatividad.
Lo más grave no es haber “postergado planes” por un faltante de presupuesto; se trata de que la Cruz Roja ha dejado de cumplir su función humanitaria y su enorme recaudación y beneficios no se traducen en el servicio para las comunidades. Pero pretenden más impuestos para seguir financiando una Administración disfuncional e inepta.
No se trata de justificar “planes postergados”, sino de lo que se ha hecho con el dinero público. Por ejemplo, el Comité de Limón Centro cuenta con tres ambulancias para toda la ciudad. De estas, una presta servicios a la CCSS., no del todo humanitarios, sino remunerados, a un precio superior al que perciben las empresas privadas que prestan el mismo servicio que cobran 324 colones por kilómetro recorrido, mientras la Cruz Roja cobra 375 colones. Una segunda unidad se encuentra 24 horas al día los 365 días del año prestando servicios exclusivamente a la compañía APM, constructora del Megamuelle de Moín, bien alquilada. La tercera unidad se dedica ocasionalmente al transporte de pacientes privados por lo que no está siempre disponible para la comunidad.
Más del 70% de los recursos se dedican a operaciones lucrativas, dejando el servicio comunitario sin atender. No hay que saber de números para sospechar que algo está raro y que la institución requiere una auditoría de su cúpula administrativa a nivel nacional.
Tenemos muchos años de oír amenazas del Comité Nacional, de cerrar comités locales, quitar juntas directivas y reducir presupuestos. Influenciando los comités burlan la intención de los voluntarios que queremos mejorarlos. Esas amenazas sofocan el espíritu del voluntariado; única razón del benemeritazgo.
La imposición de administradores, ajenos a la idea del voluntariado y dedicados a lucrar de forma privada ha llevado, por ejemplo en Limón, a la casi desaparición del espíritu de voluntariado que fuera ejemplo nacional. Las jefaturas voluntarias han desaparecido en favor del Administrador, quien ha asumido las funciones reservadas a ellas por estatuto. Y con el 70% de su flotilla al servicio del lucro privado, quieren más impuestos para cumplir su “misión”. No estamos hablando de “planes postergados”, estamos hablando de total incapacidad operativa y administrativa.
Es un error pensar que los recursos de la Cruz Roja deben ser utilizados para generar lucro adicional. Cualquier otro uso que se les dé a esos recursos desnaturaliza la idea y espíritu de colaboración del pueblo.
La administración total requiere urgente reestructuración. Remover las enquistadas argollas es indispensable para incentivar el voluntariado, asfixiado por una cúpula insensible a las necesidades de Comités y comunidades. Se requiere una nueva dirección que no obligue a los comités a vender servicios para lucrar. Lo que falta no son recursos, sino su debida utilización con capacidad administrativa a todo nivel, y control por parte de las autoridades.
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